El PSOE pide también el cese del concejal y del director de RRHH de Santander por el «desastre» en materia de personal


No descarta llevar a la Fiscalía el «canal de firmas» que permite a personal nombrado por el PP «asumir responsabilidades de funcionarios»

El PSOE de Santander llevará al Pleno del próximo jueves, 29 de enero, una moción para pedir el «cese inmediato» del concejal y del director general de Recursos Humanos, Daniel Portilla y Juan Dañobeitia, respectivamente, si no dimiten antes, como «máximos responsables» del «desastre» de la plantilla municipal, en la que hay «un tercio de vacantes (466) sin cubrir».

De esta manera, los socialistas se suman a la petición realizada este jueves por la Junta de Personal del Ayuntamiento (CSIF, SIEP, UGT, APLB-USO y CCOO), con cuyos representantes se ha reunido este viernes el secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández.

Más allá de pedir estas responsabilidades políticas por este «sindiós» en materia de personal, los socialistas tampoco descartan llevar ante la Fiscalía el nuevo «canal de firmas» que, según denunció públicamente UGT, permite actuar a los directores generales del Ayuntamiento de Santander «a modo de jefes de servicio políticos, validando de esta forma técnicamente lo que ellos mismos proponen políticamente».

«Hay personas de libre designación del PP que están asumiendo responsabilidades de los funcionarios, que están firmando facturas en la ciudad de Santander que no les corresponden», ha afirmado, al hilo de ello, Fernández, que considera que ello tiene una «gravedad excepcional».

Este encuentro entre Fernández y la Junta de Personal del Ayuntamiento se ha celebrado después de que hace una semana el Consistorio anunciara la suspensión del examen de 10 plazas de auxiliar administrativo que iba a celebrarse este sábado 24 tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declara caducada la plaza, convocada en 2022 pero perteneciente a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, por haberse sobrepasado el plazo de tres años tres años, aplicando una doctrina del Tribunal Supremo.

Fernández ha indicado que la caducidad del proceso «no repercute solo» en las casi 1.300 personas apuntadas, sino también, y «de manera directa», en el Ayuntamiento, que sigue sin cubrir vacantes.

«¿Qué tipo de empresa puede seguir trabajando con un tercio de la plantilla sin cubrir? Pues el Ayuntamiento lo está haciendo gracias al impulso y las responsabilidad de los trabajadores municipal, aún a pesar del PP y del desastre de la gestión», ha dicho el socialista.

Además, ha indicado que el hecho de que haya este volumen de vacantes sin cubrir afecta «directamente» en el servicio que reciben los ciudadanos. Como ejemplo, ha señalado que para pedir una cita con los trabajadores sociales se tarda «dos meses», algo que «no se puede permitir en una ciudad como la nuestra con tantas carencias».

Aparte de advertir que lo que ha ocurrido con las plazas de administrativo de la OEP de 2019 también puede suceder con otras próximas a caducarse, ha denunciado «problemas» en la promoción interna, cuyos procesos llevan sin convocarse «16 años» en la Policía Local y, de media, diez años en el resto de servicios «cuando lo normal es que este tipo de concursos se convoquen cada tres años».

«Están hipotecando la promoción de los trabajadores municipal y el futuro de Santander», ha dicho Fernández.

A modo de resumen, el socialista ha reivindicado que, en política, es «fundamental» asumir las responsabilidades «cuando algo no funciona» y cree que es «el paso» que se tiene que dar en este caso, cesando a los «máximos responsables» del «desastre» en materia de personal por «negligente» actuación.

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