El PSOE ofrece a Bildu condicionar las ayudas a empresas a que estas no deslocalicen su actividad
El PSOE ha propuesto a EH Bildu en el Congreso condicionar «con carácter excepcional» la posible recepción de apoyo público a empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad de la compañía en un periodo de tiempo concreto.
La propuesta de los socialistas se presenta como enmienda a una proposición no de ley de EH Bildu para impedir la deslocalización de empresas y obligar a éstas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen en caso de marcharse, después de que Ferrovial haya anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos.
Esta iniciativa se ha debatido este martes en el Pleno del Congreso y el portavoz de la formación abertzale, Oskar Matute, ha subrayado que fue Ferrovial una de las empresas condenada por la CNMC por conformar un cártel junto a otras grandes constructoras para, según ha explicado, alterar el proceso competitivo.
Pero mientras Bildu exigía medidas concretas al Gobierno contra las empresas que trasladan su sede fuera de España, el PSOE ha ofrecido un texto alternativo más suave, animando a configurar un entorno regulatorio «atractivo» en España para la constitución de empresas y la inversión extranjera.
La socialista Cristina López Zamora sostiene que, en vez de devolver las ayudas como sugiere la formación independentista, se condicione a las empresas «con carácter excepcional» la posible recepción de apoyo público para determinadas modalidades de subvenciones o deslocalización de la actividad durante un determinado periodo de tiempo desde el momento en que se produce el apoyo público.
El PSOE y Bildu han quedado en intentar pactar un nuevo texto, vía enmienda transaccional, con vistas a la votación programada para este jueves en el Pleno del Congreso.
PODEMOS Y ERC APOYAN LA INICIATIVA DE BILDU
En todo caso Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, acepta el texto de Bildu sin rebajar su redacción. Su portavoz de Trabajo, Antón Gómez Reino cree que la iniciativa «es de sentido común» y se entiende «perfectamente» que se limite que haya grandes empresas que reciban financiación pública y que luego trasladen su producción o su actividad financiera o fiscal a otros países.
Además, ha recordado que la iniciativa de Bildu es similar a una proposición de ley de la formación morada , precisamente para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.
También el portavoz de Trabajo de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, ha adelantado el apoyo de su grupo a la propuesta porque «no es bueno» que las empresa se deslocalicen de su país de origen. Y es que, Salvador ha apuntado que entre los motivos que explican esta marcha por parte de las compañías suelen situarse unos menores impuestos en los países destino e incluso salarios más bajos.
Tanto Néstor Rego, del BNG, como Joan Baldoví, de Compromís, han saludado igualmente la iniciativa. Este último ha defendido legislar para vincular las ayudas al mantenimiento de las empresas en el país, porque considera que es de «sentido común» y «razonable».
PP, VOX Y CIUDADANOS CARGAN CONTRA LA PROPUESTA
En el lado contrario se han situado PP, Vox y Ciudadanos. El popular Víctor Píriz ha reprochado al Gobierno de generar un «infierno fiscal» en lugar de «atraer a empresas». En este contexto, ha acusado al Ejecutivo de «expulsar» y «acusar» a las compañía de la inflación o el desempleo.
En esta línea se ha pronunciado también Inés Cañizares, de Vox, que ha recordado que la normativa actual ya establece el reintegro de ayudas públicas concedidas a empresas cuando estas incumplen algunos objetivos o requisitos. Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, ha criticado la iniciativa por «señalar», «demonizar» y «atacar» a las empresas y en concreto a Ferrovial.
