El PSOE no descarta forzar la rebaja en los requisitos para acceder a secretos oficiales, pese a la oposición del PP

Las resoluciones de Presidencia son reglas del juego del Parlamento y la costumbre es que cuenten con apoyo del primer partido de la oposición

El PSOE no descarta forzar una rebaja en los requisitos para acceder a información clasificada como secreta pese a que el PP ya ha dejado clara su oposición a que se retoquen los actuales requisitos para formar parte de la Comisión de Gastos Reservados.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha insistido en que la «prioridad» para su formación es que se ponga fin a los «vetos cruzados» que han impedido hasta ahora constituir esa comisión que encarga de controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El dirigente socialista ha remarcado que el PSOE lleva meses intentando activar ese foro, pero que hasta ahora no ha sido posible por esos vetos de los que ha responsabilizado a otras formaciones políticas.

Aunque inicialmente el PSOE también puso reparos a la entrada de Vox en este club con acceso a los secretos oficiales, Gómez ha indicado que su partido no veta a nadie. Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos sí quieren impedir la entrada en esa comisión de las formaciones independentistas.

«Queremos constituirla porque es un espacio necesario para la transparencia de la gestión del Ejecutivo y que se ponga en marcha», ha dicho, apuntando que debe funcionar con «normalidad», con independencia de «los acontecimento recientes», en referencia al supuesto espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus.

Así, aunque ha remarcado que «la prioridad es que se levanten esos vetos» y poder constituir la comisión, Gómez ha admitido que su grupo va a estudiar «todas las fórmulas posibles para ponerla en marcha». «Ese es el objetivo, no puede transcurrir esta legislatura sin constituir una comisión que es importante para el conjunto de los grupos parlamentarios», ha añadido, abriendo así la puerta a estudiar una posible rebaja de los requisitos para formar parte de la misma, pese a que el PP ya se ha opuesto a esa posibilidad.

210 VOTOS

Actualmente, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.

Llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox o Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.

Este procedimiento está fijado en una Resolución de la Presidencia de la Cámara, que data de 2004, firmada por el socialista Manuel Marín, y que podría modificarse para rebajar los votos requeridos para integrar la comisión y evitar así los vetos actuales. Eso sí, las resoluciones de Presidencia forman parte del marco de las reglas del juego en el Parlamento, pues desarrollan el Reglamento, y la costumbre es que cuenten con el respaldo de los principales grupos de la Cámara.

Sin embargo, en este caso el primer partido de la oposición ya ha dicho que no ve motivo para modificar el listón de los 210 votos. Y no sólo el PP, también Vox y Ciudadanos han avisado de que no ayudarán a permitir que los independentistas accedan a materias clasificadas como secretas.

Aunque finalmente se opte por rebajar los requisitos para ser elegido miembro de la Comisión de Gastos Reservados, no está previsto que este asunto se trate este martes en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, según fuentes parlamentarias.