El PSOE evita aclarar si Unidas Podemos ha aportado nombres a la negociación de los órganos constitucionales con el PP

El portavoz del PSOE en el Congrso, Héctor Gómez, ha evitado aclarar este viernes si su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha aportado nombres a la negociación con el PP para renovar varios órganos constitucionales que estaban en funciones y que este jueves cristalizó en un acuerdo.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Gómez señaló que en este momento optan por mantener «máxima discreción» sobre los detalles de la negociación al ser preguntado sobre si Unidas Podemos está aportando nombres en este dialogo con el PP o por el contrario es el PSOE el que lleva todo el peso de la negociación.

Previamente, ha indicado que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, está en permanente contacto con el socio de coalición al que está «informando» y «trasladando» los aspectos de esa negociación, aunque el grupo socialista la está «liderando» debido a su responsabilidad de Gobierno y a que es el grupo mayoritario.

Asimismo, ha evitado dar nombres de candidatos a ocupar los órganos objeto del acuerdo y ha indicado que los trasladarán a la opinión pública «cuando sea oportuno» y cuando esté «cerrada toda la propuesta». En este sentido ha asegurado que quieren incorporar también el Consejo General del Poder Judicial a este marco de negociación y ha celebrado la posición del PP para llegar a un entendimiento.

ACUERDO EXCEPTO PARA EL CGPJ

Este jueves el Gobierno y el PP llegaron a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria en el Congreso y el Senado que se prevé para la semana del 25 de octubre.

El pacto se produjo apenas 24 horas después de que en la sesión de control del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez renovar los órganos constitucionales pendientes, al margen del CGPJ, que ha sido el principal escollo de las negociaciones estos meses.

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