El PSOE busca el apoyo del Congreso para censurar al PP por el bloqueo de los órganos constitucionales
Tras el Consejo de RTVE, están pendientes de actualizar el CGPJ, el TC, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos
El PSOE quiere que el Congreso manifieste la «urgente» necesidad de renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace más de dos años, y censure al PP, al que considera culpable del actual bloqueo.
El PSOE y PP cerraron ya un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE y estaban hasta hace unos días ultimando los nombres para hacer lo propio con el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el veto del PP al juez de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, parece haber congelado las negociaciones.
Así las cosas, el PSOE registró una proposición no de ley con la que busca que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de actualizar los órganos constitucionales pendientes y rechace «cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución Española a través del bloqueo de dicha renovación».
EL PP, A LA DERIVA
Con esta iniciativa, el PSOE pretende que la Cámara señale directamente a los populares como los culpables de esta situación. En concreto, en su texto, denuncia que el acuerdo que para renovar los órganos constitucionales venían dándose hasta el año 2018 se ha visto quebrado «por un PP a la deriva, incapaz de definir su espacio ideológico, presumiendo hoy de centrismo y moderación y alineado mañana con la extrema derecha».
«La peor de las políticas se instala en nuestra organización colectiva cuando el rédito electoral se impone al interés general, cuando la búsqueda de la inestabilidad de la democracia se convierte en el arma elegida», señalan los socialistas en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Los socialistas inciden en que la estrategia general de bloqueo que, a su juicio, practica el PP resulta «especialmente obscena» cuando España atraviesa «una de sus más duras etapas desde el inicio del periodo democrático» como consecuencia de la pandemia del Covid.
Actualmente entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ y el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar al menos 55 votos a los 155 que suman entre ambos en el Congreso.
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
EL TC CADUCÓ EN NOVIEMBRE DE 2019
También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019.
La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
Y EL DEFENSOR EN JULIO DE 2017
Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Para este puesto sonaba con fuerza el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pero ahora ha sido reelegido candidato para las elecciones que la Comunidad de Madrid celebrará previsiblemente el próximo 4 de mayo.
Desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS CADUCARÁ EN POCOS MESES
Entre las instituciones que culminarán si mandato próximamente está el Tribunal de Cuentas, que lo hará el próximo mes de julio. La legislación establece que los 12 consejeros que lo conforman los eligen el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 votos). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente.
