El PSCyL pide a Mañueco que, sin «el yugo» de Vox, dé marcha atrás a iniciativas como «la ley del odio y la discordia»


VALLADOLID, 1

El procurador socialista Luis Briones ha pedido este jueves al Partido Popular que, una vez roto el pacto de Gobierno de coalición por parte de Vox y «sin que exista ya ese yugo y las flechas» que les unía con los de Santiago Abascal, de marcha atrás en algunas iniciativas e, incluso, retire algunas normas impulsadas por los ya ex socios de Gobierno, con especial mención a la proposición de ley de Concordia a la que el socialista se ha referido como «la ley de discordia, odio y venganza».

Esta es una de las principales peticiones que ha realizado Briones en una rueda de prensa conjunta con la procuradora Yolanda Sacristán para analizar la situación de la Función Pública y de la calidad democrática tras los cerca de dos años de gobierno conjunto de PP y Vox a los que ha acusado de haber privado al Consejo Consultivo, «un órgano esencial de la Comunidad», ha recordado, de la posibilidad de pronunciarse sobre algunas de las leyes aprobadas.

«Lamentablemente, ha existido una voluntad por parte de la Junta de Castilla y León, por parte de estos dos grupos parlamentarios –PP y Vox– de saltarse sus dictámenes –del Consultivo– o de no hacerles caso en algunas leyes esenciales, como la ley de discordia», ha sentenciado Briones tienen un «tufillo claramente antidemocrático» y adolecen de «falta de calidad jurídica».

Así, ha recordado que en el año 2023 sólo se sometieron a dictamen del Consejo Consultivo dos anteproyectos de ley, el de la norma reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial, «que salió de las Cortes con los mismos defectos que le advertía el Consejo Consultivo», y el de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad de Castilla y León, en el que ocurrió «exactamente igual» y «no hicieron caso en absoluto» al órgano estatutario.

A esto ha añadido que hubo otros cinco proyectos, dos proposiciones de ley de PP y Vox –bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias y medidas tributarias financieras y administrativas– y tres decretos leyes, que tampoco pudieron ser dictaminados por el Consejo Consultivo «para evitar que fueran fiscalizados», en una demostración, a su juicio, de que ha existido una «confusión» entre poderes y funciones del Ejecutivo y del Legislativo que evidencia, a su vez, «una escasa cultura democrática».

«Ni la Junta de Castilla y León, ni los grupos Partido Popular y Vox le hacen el más mínimo caso, aunque formalmente decían que si lo hacían, no corrigieron ninguno de los defectos advertidos», ha sentenciado respecto a la tramitación de los decretos leyes a lo que ha añadido que la creación de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León también salió del Parlamento «sin que la Junta corrigiera en el anteproyecto los errores y debilidades advertidos por el Consejo Consultivo, que eran muchos y de calado».

Luis Briones ha acusado al Gobierno del Partido Popular y Vox de haber eludido «en mayor medida» los dictámenes del Consejo Consultivo porque estaba poniendo trabas a sus medidas con «verdades jurídicas y de coherencia normativa» por lo que ha pedido al PP que «reflexione», de marcha atrás «y vuelva a la senda democrática y constitucional de sus resoluciones, haciendo caso a los dictámenes y avales del Consejo Consultivo y del CES y de todos los órganos externos de calidad democrática».

Por su parte, la portavoz de Función Pública en el Grupo Socialista ha criticado la parálisis de los servicios públicos en Castilla y León tras «recortes, privatizaciones, adelgazamiento de la Administración y falta de reposición de efectivos» que ha derivado en un incremento de carga de trabajo del personal activo, con especial incidencia en la Sanidad en la época estival «donde la falta de médicos se agrava tanto en las ciudades como en las zonas rurales».

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