Economía lanza a consulta pública el sandbox regulatorio para fintech
Ciudadanos, organizaciones y autoridades podrán mandar sus comentarios hasta el próximo 7 de septiembre
El Ministerio de Economía y Empresa ha lanzado a consulta pública, y hasta el próximo 7 de septiembre, el texto del anteproyecto de ley de transformación digital del sistema financiero en el que se incluye la regulación de un sandbox –un laboratorio de pruebas de regulación para las fintech en un entorno controlado por los supervisores–, según ha informado en un comunicado.
Con esta medida, cuyo documento completo está disponible en la web de la cartera económica del Gobierno, España busca sumarse a los países que actualmente se encuentran a la vanguardia tecnológica y que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero.
Su funcionamiento estará condicionado a tres aspectos: vigilancia de las autoridades competentes, en particular a los supervisores financieros; delimitación previa del alcance, duración y características de las pruebas; y máxima garantía para los participantes cuando la realización de las pruebas requiere la participación de clientes reales.
En este sentido, según ha dicho el Ministerio, existe un «consenso internacional» en considerar que este tipo de instrumentos puede ser de utilidad para todos los actores, pero especialmente para supervisores y legisladores en el ejercicio de sus funciones.
«Esta iniciativa responde a la convicción de que la transformación digital de la economía es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos garantizando que los cambios que se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general», ha subrayado el Ministerio dirigido por Nadia Calviño.
En suma, la nueva regulación busca «favorecer el proceso innovador eliminando obstáculos y articulando cauces ágiles y transparentes de colaboración» entre autoridades públicas e iniciativa privada. Además, pretende preservar los principios configuradores de la política financiera: protección de los clientes, estabilidad e integridad de los mercados y utilización del sistema para fines lícitos.
