El presidente del INE pide cambios legales para adaptarse al Big Data y poder ceder datos a investigadores

El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Poo, ha reclamado este miércoles cambios normativos para que la producción estadística pueda emplear nuevas fuentes de datos, como el B2G (transmisión de datos del sector privado al público), siempre con garantías y preservando el secreto estadístico, y todo con el objetivo de mejorar la calidad de las estadísticas y ampliar la información a disposición de los ciudadanos.

Durante la conferencia Estadística y sociedad , organizada por el INE, Rodríguez Poo ha señalado que la producción estadística está acotada por normativas europeas, nacionales y autonómicas que, en todos los casos, exigen el respeto al principio del secreto estadístico, es decir, la prohibición de no difundir ni ceder datos individuales de personas físicas o jurídicas para fines que no sean estadísticas o científicos.

El presidente del INE ha señalado que tanto las leyes estadísticas como de protección de datos autorizan al organismo a acceder a los datos de cualquier persona física o jurídica residente en España sin necesidad de recabar consentimiento, salvo en situaciones excepcionales, siempre que se utilice con fines estadísticos y cumpliendo las garantías de confidencialidad legalmente establecidas.

Rodríguez Poo ha indicado que la propia sociedad ha generado nuevas demandas ante la ingente cantidad de datos que supone el Big Data, lo que ha llevado a una «tercera revolución estadística», a la que el INE tiene que ser capaz de responder.

«Las nuevas fuentes de datos están en manos privadas. Si la estadística oficial es un bien público, ¿por qué no utilizar esa información, con las restricciones legales oportunas, para el bien público? Los beneficios y oportunidades del uso de estos datos son numerosos», ha defendido.

Así, ha resaltado que la utilización de estas fuentes de datos masivos en la estadística oficial reduciría la carga de información que se reclama a los informantes (empresas y hogares); mejoraría la calidad de la estadística, más inmediata y con mayor desagregación; reduciría el riesgo de una alta concentración de datos personales en unas pocas empresas, y podría implicar además un salto tecnológico para todas las administraciones públicas.

El presidente del INE ha explicado que la problemática de acceso y regulación de estos datos masivos es trasnacional y que el uso de estas nuevas fuentes es «casi una obligación para la estadística oficial».

«Necesitamos modificar los marcos legales. A nivel europeo estamos esperando la promulgación, por parte de la Comisión Europea, de una ley del dato europea. A nivel nacional la ley de la Función Estadística Pública tiene que modificarse y adaptarse a estos nuevos cambios que se están produciendo», ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que la obtención de información de estas nuevas fuentes de datos «no puede hacerse de manera coercitiva» a las empress privadas, sino que hay que ir hacia a un modelo colaborativo, en el que se equilibren los derechos de información de los ciudadanos y los intereses de las empresas.

Al mismo tiempo, Rodríguez Poo es partidario de reformar la Ley de la Función Estadística Pública para que se permita la cesión de datos a investigadores con garantías de confidencialidad. Esto ya lo permite el reglamento europeo sobre estadística, de forma que el INE sólo puede hacer esa cesión de datos en las estadísticas incluidas en el ámbito europeo.

Recientemente, el organismo ha suscrito un acuerdo con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España para el desarrollo conjunto de un sistema de acceso a sus bases de datos con fines científicos de interés público.

EL INE Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS RECLAMAN APOYO INSTITUCIONAL

Además de las nuevas fuentes de datos que implica el Big Data, el INE está realizando para la producción de sus estadísticas un «uso intensivo» de los registros administrativos, por ejemplo, para producir el censo de población.

«El contribuyente polaco paga por el censo de población y vivienda 80 millones de euros mientras que el español no llega a 6 millones porque estamos utilizando intensamente los registros administtativos para producir ese censo», ha explicado.

«Las oficinas de estadística somos independientes e imparciales. Las decisiones de los responsables políticos y agentes económicos cada día se basan más en datos cuantitativos. No sólo producimos números, sino números fiables. Pero para ello necesitamos apoyo institucional y la colaboración de todos los sectores de la administración, los investigadores y la ciudadanos», ha enfatizado.

En línea similar, la directora de la Agencia de Protección de Datos, Marta España, ha demandado más apoyo y medios para su organismo debido a que las consultas que se le hacen se han multiplicado por 400 y el personal sólo ha aumentado en unas 30 personas.

Marta España ha señalado además que el reglamento general de Protección de Datos de 2016, con aplicación directa desde 2018, permite tratar con «flexibilidad y garantías suficientes» la utilización de datos con fines estadísticos.