El presidente de Gran Canaria urge un pacto de Estado para reformar de forma «inmediata» la Ley de Extranjería

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha urgido este martes a alcanzar un gran pacto de Estado que haga posible una reforma «inmediata» de la Ley de Extranjería para posibilitar la acogida solidaria por parte de todas las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan a las islas y para quienes las instituciones canarias «ya no disponen de infraestructuras ni de medios de atención suficientes».

Morales ha subrayado que «no» se puede seguir generando infraestructuras y equipamientos para «acoger indefinidamente» a los menores que llegan hasta las islas porque el objetivo «es que la acogida sea distribuida y que llegue a todos los rincones del Estado español». En este sentido, resaltó que «es ahí donde hay que hacer un especial esfuerzo en las próximas semanas», según ha informado el Cabildo grancanario en nota de prensa.

«Hay que llegar a un acuerdo, de manera decidida, para hacer posible que se pueda reformar la Ley de Extranjería y que, por tanto, las distintas regiones del Estado español acojan a menores, a los chicos y a las chicas que llegan aquí y que necesitan la tutela del Estado. El camino de la confrontación no resolverá nada e insto a llegar a un acuerdo lo antes posible, de lo contrario, la sangría de derechos humanos y de vidas será mayor», apuntilló.

En este sentido, consideró que lo «razonable es que se resuelva esta situación cuanto antes» para poder solucionar «de una vez por todas» esta necesidad de hacer una acogida distribuida, en las mejores condiciones, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los menores.

«COLAPSO»

Morales lleva meses clamado por la puesta en marcha urgente de esa acogida solidaria de menores inmigrantes «ante el colapso de los medios canarios» porque entiende que la «errática, lenta y colonial política migratoria en Canarias por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea se ha apurado tanto, se ha llevado a un límite tan insostenible, que ha dejado un panorama seriamente preocupante, sin margen de error y al borde del colapso».

Ese colapso, dijo, está «costando vidas y ha generado una situación que se asume como una realidad banal», en la que considera una reacción «inadmisible» por parte de las instituciones y que afecta especialmente al sistema de acogida de menores, «de niños y niñas en desamparo, que llegan solos, sin personas referentes adultas. Que colapsan los espacios de atención, son atendidos con medios precarios, en circunstancias anómalas, y desprotegidos de los derechos que los amparan».

Además subraya que se convierten en «piezas fáciles de las mafias de la prostitución, que al cumplir los 18 años se ven en la calle, sin techo, sin futuro, y que son utilizados como arma arrojadiza para sembrar odios, racismo y xenofobia».

Por otro lado, Morales se ha referido a la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al archipiélago, indicando que «a ver si el señor Feijóo no viene a Canarias a marear la perdiz y a no adquirir un compromiso con esta tierra, con su gente y, sobre todo, con los niños y las niñas que están aquí, que necesitan ser atendidos en las mejores condiciones y que, en este momento, las instituciones canarias no pueden hacerlo».

Finalmente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha indicado que esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que reclama Canarias «contaba con el apoyo unánime de todos» los cabildos y los ayuntamientos, de las organizaciones sociales y de los grupos políticos, pero «cayó en saco roto» el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados.

«La traición del Partido Popular, que en Canarias dice una cosa y en Madrid otra, y la cobardía del Gobierno de España para afrontar la redacción de un Decreto Ley que peleara por una mayoría en las Cortes españolas, hizo naufragar una medida que, de estar aprobada ahora, permitiría esbozar un escenario diferente. Menos lesivo, sin duda», apuntilló.

En este marco, Morales considera que PSOE y PP «están jugando una partida en la que Canarias no está siendo, ni siquiera, una pieza de intercambio». Añadió que con el juego colonial de sombras que «están perpetrando mantienen entretenido el foco mediático, sin entrar en el fondo del asunto», asegurando que si esto ocurriese en cualquier otra comunidad autónoma de la península, «el asunto se habría diluido por la continuidad territorial».

«Están usando el aislamiento y la lejanía de Canarias para postergar la toma de decisiones, permitiendo a la sociedad isleña observar de forma clara y evidente que la distancia importa. Que la distancia es olvido y marginación. Que la distancia y el centralismo colonial, mediático, político y social, alejan y ocultan la realidad». Esta postura, matiza, se ve «agravada» por «la inacción de la Unión Europea que parece estar volcada en el Mediterráneo y el Este».

A ello, agregó, se ha sumado ahora lo que ha calificado como una «acción desesperada e inédita» del Gobierno de Canarias, que ha anunciado que la custodia policial «es suficiente» para la acogida de los menores y que no abrirá las puertas de sus centros y exigirá que el menor esté filiado y con la edad determinada. Esta media indicó que «no se ajusta a la realidad de la emergencia» y puede generar «graves contratiempos en la cobertura de los derechos fundamentales de los supervivientes menores de edad».

Morales ha interpretado esta iniciativa como un órdago que lanza Coalición Canaria pero ha incidido en que «está obviando que cohabita en el Gobierno canario con quién impide la reforma en Madrid y que apoya en el Congreso de los Diputados a quien, de forma irresponsable, se resiste a reformar por Decreto Ley la norma que permitiría seguir progresando en la modificación del sistema de acogida».

Por ello, y aunque mantiene que comparte la «desesperación, la impotencia y el cabreo del Gobierno canario, aunque acoja la paradoja de que una parte de él sea absolutamente cómplice de lo que está pasando», asegura que «no puede respaldar un cambio de actitud que hace que lo que era válido y ajustado a derecho hace solo unas semanas, ahora no lo sea, y que la consecuencia sea no acoger a ningún niño o niña, aunque lo necesite», incidiendo en que los menores «no pueden verse perjudicados en esta estrategia de enfrentamientos».