El presidente argentino entrega a los parlamentarios la solicitud para la destitución del Tribunal Supremo
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha iniciado este miércoles un procedimiento parlamentario para destituir el Tribunal Supremo, tanto a su presidente como a varios de sus jueces, por el «mal desempeño de sus funciones» y «parcialidad».
«Convoqué a Germán Martínez y Carolina Gaillard, presidentes respectivamente del Bloque de Frente de Todos y de la Comisión de Juicio Político para entregarles el pedido de juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsamos con gobernadores», ha explicado Fernández.
Asimismo, el mandatario argentino –que hizo entrega del documento de 30 hojas en la Casa Rosada– ha señalado que pidió a Martínez y Gaillard «que inicien su pronto tratamiento legislativo», según consta en una publicado en su perfil de la red social Twitter.
El día anterior, Fernández firmó junto a varios gobernadores la solicitud de juicio político contra el presidente del CSJN, Horacio Rosatti, «por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución».
La diputada Gaillard aseguró que el proceso solicitado por el Presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante «con mucha seriedad y transparencia», mientras que precisó que «no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes» del tribunal, según ha recogido la agencia de noticias Télam.
El presidente justificó este insólito paso apelando a su propio deber –«al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitución en cuanto de mi dependiere»–, por lo que confía en «impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».
Fernández y su número dos, la vicepresidenta Cristina Fernández, no han escatimado críticas en estos últimos meses contra la cúpula judicial, que consideran al servicio de los intereses políticos de dirigentes opositores como Mauricio Macri. Ambos enmarcan dentro de esta presunta persecución la reciente condena contra la vicepresidenta por corrupción.
