El PRC de Camargo mantendrá el voto en contra del contrato de basuras y acusa a Bolado de «querer romper el pacto»
Los regionalistas ven «conflicto de intereses» entre socialistas y Urbaser
CAMARGO, 5
El PRC de Camargo cree que existe un «conflicto de intereses» en la propuesta de adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos entre los miembros del PSOE, incluida la alcaldesa, Esther Bolado, y la empresa Urbaser, por lo que ha anunciado que mantendrá su voto en contra por «irregularidades» y «falta de transparencia» y continuará con la paralización. Además, acusa a la regidora de «querer romper el pacto local».
Así lo han manifestado este viernes la secretaria general del Comité Local del PRC (que forma junto al PSOE el equipo de gobierno, en el municipio y en Cantabria también), Rosa Valdés, y el concejal regionalista Eugenio Gómez, quienes han exigido que se garantice el funcionamiento de estos servicios «esenciales» hasta que se resuelva la situación, porque es «responsabilidad» del PSOE al ser sus competencias «desde hace 7 años».
Tanto Valdés como Gómez han hecho un relato de los hechos acontecidos durante las últimas semanas en torno al proceso de licitación y propuesta de adjudicación del servicio de recogida de basuras y limpieza, por un importe de 21 millones de euros, y el pronunciamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), contra el que cabe recurso ante el contencioso administrativo en un plazo de dos meses, y las declaraciones de la alcaldesa al respecto.
Valdés, que ha acusado a la regidora de «querer romper el pacto de Gobierno» con el PRC, ha opinado que el Consistorio ha realizado una «dejación absoluta» de su deber, defendiendo a la empresa «antes que al criterio mayoritario del Pleno», razón, a su juicio, por la que el TACRC dictó, el pasado 28 de julio, que la paralización de la adjudicación del contrato adolecía de motivación y era injustificada.
Eugenio Gómez ha subrayado que, al contrario de lo que ha afirmado Bolado, los informes de los técnicos municipales sobre el contrato «no eran todos favorables», y «no se han tenido en cuenta en ningún momento». «Una parte de los miembros de la mesa de contratación obviaron la valoración de los técnicos» y adjudicaron «vía contrato menor» a una empresa externa una nueva valoración de las ofertas presentadas.
En este sentido, Gómez ha asegurado que la empresa mejor valorada por los técnicos municipales no era Urbaser, hasta que se pidió la valoración a esa empresa externa que «alteró el resultado del proceso», decidiéndose una cuestión «esencial» fuera del órgano competente, la mesa de contratación.
«Del expediente se deducen fundadas dudas de la cualificación de la empresa externa, porque el trabajo final no lo hizo ella, sino una tercera empresa, y el jefe del servicio de obras hizo constar en la mesa de febrero de 2022 que no se acreditaba la experiencia profesional de la empresa que hizo la valoración definitiva», ha señalado Gómez, que califica esta situación como «totalmente irregular», a la que, según ha dicho, se suman «vinculaciones personales» entre la alcaldesa y la empresa ganadora de la propuesta de adjudicación.
Gómez ha asegurado que estas «irregularidades» fueron denunciadas durante todo el proceso por el grupo regionalista y trasladadas en el Pleno de junio, donde tres de los cuatro ediles del PRC, votaron en contra de la propuesta de adjudicación del contrato de basuras y provocaron la paralización del proceso.
El concejal ha manifestado que el PRC «no cuestiona la necesidad» de este contrato, ya que el grupo «lleva pidiéndolo desde 2014» -año desde que lleva pendiente la nueva adjudicación-, y no tiene «ningún interés» en que no se den los servicios porque a ellos, ha dicho, también les afecta como vecinos. «Queremos un proceso limpio», ha añadido.
Así, los representantes regionalistas han reiterado que tienen razones «suficientes» para continuar con su rechazo a la propuesta. Además, y ante la discrepancia con el portavoz del PRC, que fue el único del grupo que voto a favor en junio, Rosa Valdés ha sentenciado que no habrá libertad de voto en el próximo Pleno y la postura en contra deberá ser acatada por los cuatro concejales.
Valdés ha manifestado que Esther Bolado ha demostrado un «sometimiento absoluto» a lo establecido en el recurso de la empresa, «al recurso de una parte» y que «no es admisible» que obvie lo expresado por la mayoría de los representantes de los ciudadanos en el Pleno.
TRIBUNALES Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO DE GOBIERNO
En opinión de la regionalista, Bolado ha actuado con una «total insensatez» y debe aclarar por qué el Ayuntamiento «está demostrando un especial interés» en defender a una empresa frente a las demás, así como explicar a los ciudadanos qué va a hacer para garantizar la prestación de los servicios, «porque está obligada por ley», ha enfatizado.
Para los regionalistas, el futuro del contrato «está por escribir» porque podría «acabar en los tribunales» como consecuencia de cómo está siendo todo el proceso.
«Bolado se ha colocado en una situación complicada, de difícil justificación», ha expresado Valdés, quien ha comentado que la sensación es que «lo hace por intereses ocultos, personales, nada claros», por lo que solicitará a la dirección del PRC que se convoque la Comisión de seguimiento del pacto a nivel regional para abordar la situación del pacto en Camargo, la garantía de la prestación del Servicio hasta que se resuelva el contrato y la continuidad del actual equipo de Gobierno.
