El PP urge al PSOE a renovar la Junta Electoral Central, que lleva más de un año con el mandato caducado

El PP considera que ha llegado el momento de renovar la Junta Electoral Central (JEC), que lleva más de un año con el mandato caducado, y piensa urgir al PSOE a negociar la nueva composición en los primeros meses de 2025.

Así lo ha adelantado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista a Europa Press, en la que, no obstante, justifica que el órgano superior de la Administración Electoral no se haya renovado durante 2024, un año en el que se han acumulado varios procesos electorales.

La JEC es el único órgano electoral que tiene carácter permanente, ya que las juntas de zona, provinciales y autonómicas se crean expresamente para cada proceso electoral. Sus integrantes, que no cobran por serlo y sólo perciben dietas de asistencia a sus reuniones, han de ser renovados en cada legislatura.

CINCO CATEDRÁTICOS QUE DEBIERON NOMBRARSE HACE UN AÑO

En concreto, la Ley Electoral obliga a nombrar nuevos vocales en los noventa días siguientes desde la constitución de las Cortes, un ese plazo que arrancó en agosto de 2023 y acabó en noviembre de ese año.

Sin embargo, Gamarra ha quitado importancia al retraso alegando que 2024 ha sido un año con «muchos procesos electorales», pues se han celebrado elecciones hasta en tres comunidades –Galicia, País Vasco, Cataluña–, además de las europeas del pasado mes de junio.

«Llevar a cabo un cambio dentro de un órgano de estas características en mitad de procesos electorales no parece lo más adecuado», argumenta la número dos del PP, quien eso sí, espera que la renovación «se pueda llevar a cabo con tranquilidad en los próximos meses».

En cualquier caso, ha destacado que la actual JEC se ha venido pronunciando cuando ha tenido que hacerlo y «no ha tenido reparos en sancionar incluso al presidente del Gobierno» y «a la mitad» de su Gabinete cuando «ha vulnerado la Ley Electoral».

EL PSOE SE RESISTE A PERDER LA MAYORÍA

La JEC está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo y cinco catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados por el Congreso a propuesta conjunta de los partidos. También asiste, con voz pero sin voto, el director de la Oficina del Censo Electoral y ejerce como secretario de la JEC el secretario general del Congreso.

El escollo principal es que alguno de los principales partidos va a tener que perder una de las cinco plazas de juristas que corresponden al Legislativo. En la anterior legislatura, el PSOE promovió a dos candidatos y los otros tres se repartieron entre PP, Vox y Unidas Podemos. Pero, tras la victoria del PP en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el reparto debería cambiar.

Los populares , como partido mayoritario, reclaman ahora dos de los cinco nombres, como tenía el PSOE, pero ni los socialistas quieren ceder uno, ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera. Podrían intentar excluir a Vox, rompiendo al tradición no escrita de dejar hueco a la tercera fuera del Congreso. Y en ese contexto sigue sin haber acuerdo para aprobar una propuesta en la Mesa del Congreso.

Cuando el Congreso apruebe su propuesta, los cinco catedráticos deberán pasar examen ante la Comisión Consultiva de Nombramientos para que la Cámara de su plácet, un trámite del que se libran los ocho vocales de carrera judicial.

Y mientras esa renovación no se produzca, la actual Junta Electoral Central que preside el magistrado Miguel Colmenero seguirá ejerciendo sus funciones y supervisando los procesos electorales en curso.

EL CGPJ YA DESIGNÓ SUS CANDIDATOS

Quien sí ha hecho sus deberes ha sido el Poder Judicial, ya que el Consejo General (CGPJ) comunicó los nombres de los ocho magistrados del Supremo que se integrarán en la nueva JEC, elegidos por insaculación. De entre ellos saldrán las personas que ocupen la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta esta legislatura.

Se trata de tres magistrados de la Sala de lo Penal –Carmen Lamela, Javier Hernández García y Miguel Magro Servet–; dos de Contencioso-Administrativo –Pilar Teso y Eduardo Calvo–, otros dos de la Sala de lo Social –Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste–, y uno de la Sala de lo Militar: Fernando Martín Castán.

En esa lista hay nombres que han gestionado causas muy conocidas. Carmen Lamela, cuando estuvo en la Audiencia Nacional, dirigió la investigación judicial contra el que fuera mayor de los Mossos d Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente fue absuelto. Ángel Ramón Arozamena Laso fue uno de los dos magistrados que emitieron un voto particular contra la admisión a trámite de los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos concedidos a los condenados por el procés.

De su lado, el magistrado Vicente Magro Servet fue senador el PP por Alicante entre 1996 y 1997 y años después, en 2001, se convirtió en presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que ocupó hasta 2016.