El PP traslada a la Comisión Europea su «preocupación» por la semilibertad concedida al exjefe de ETA Txeroki
Denuncia la masiva excarcelación de etarras sin garantizar la protección de los derechos de las víctimas
El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al comisario europeo de Justicia para trasladarle una «preocupación social y jurídica de máxima gravedad» por la concesión de un régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki .
La misiva ha sido firmada por la vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del partido, Dolors Montserrat; el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y eurodiputado, Javier Zarzalejos; el eurodiputado y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y el eurodiputado y víctima del terrorismo, Borja Giménez Larraz.
Advierten de que la puesta en semilibertad de Txeroki «no puede analizarse como un mero acto puntual de gestión penitenciaria», sino que «se inscribe en una práctica habitual», al señalar que «al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por las calles de Euskadi y coincidir con sus víctimas».
Y, ello, sin que conste «que ninguno de los beneficiarios de estos privilegios haya expresado un arrepentimiento efectivo ni haya colaborado con las autoridades judiciales», pese a que «existen más de trescientos atentados terroristas sin resolver».
De los 35 beneficios penitenciarios del artículo 100.2 concedidos desde 2021, 30 han sido para condenados por terrorismo (un 85%), lo que evidencia que este régimen se aplica de forma claramente preferente a los etarras frente a los presos comunes.
DECISIÓN POLÍTICA
Los eurodiputados sitúan estas decisiones en un contexto político en el que «el partido que sustenta al Gobierno de España depende parlamentariamente del apoyo de EH Bildu», formación que describen como «heredera política del entorno de ETA» y que, según el texto, «ha hecho de la flexibilización penitenciaria, así como del traslado y la excarcelación de los presos de la organización terrorista, una exigencia explícita y reiterada».
«Cuando decisiones que afectan de manera tan directa a los derechos de las víctimas coinciden sistemáticamente con acuerdos de partido, el riesgo de instrumentalización de la política penitenciaria resulta evidente», sostienen, y reclaman «salvaguardar los derechos de las víctimas y los valores del Estado de Derecho».
Los eurodiputados solicitan a la Comisión Europea que requiera información al Gobierno de España «sobre las circunstancias y el fundamento jurídico» de los beneficios penitenciarios concedidos a Aspiazu; que se informe «sobre la existencia, en su caso, de colaboración con la justicia y de manifestaciones de arrepentimiento efectivo»; y que se pidan datos «sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas» y los mecanismos para que puedan ser oídas antes de conceder beneficios penitenciarios.
La carta subraya además que estas concesiones se producen «en pleno proceso de reforma de la Directiva 2012/29/UE y en abierta contradicción con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025)», cuyo objetivo es «reforzar la protección frente a la victimización secundaria», en particular a la luz de los artículos 18 y 22 de la directiva.
Pese a la extrema gravedad de los hechos por los que fue condenado, «se le han aplicado normas de la legislación penitenciaria, en lo que consideramos un ejercicio desviado de las competencias de la Administración», señalan, al tiempo que denuncian que «las víctimas no han sido informadas, escuchadas ni tenidas en cuenta, ni disponen de mecanismos efectivos para recurrir estas decisiones en la fase de ejecución de las condenas».
