El PP teme que la IA impulsada por Sánchez se use para el «control ideológico» y exige auditorías para controlarla

Presenta una iniciativa en el Congreso para urgir al Ejecutivo a que esta herramienta cumpla con los estándares de calidad y neutralidad

El PP teme que el Gobierno utilice ALIA, la Inteligencia Artificial (IA) impulsada por el Gobierno, para el «control ideológico» y exige que someta periódicamente a auditorias externas para vigilar su funcionamiento.

Así lo plantea el primer partido de la oposición en una proposición no de ley que ha registrado para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.

Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado 20 de enero, en la Jornada HispanIA, anunció el modelo fundacional de inteligencia artificial en español el (ALIA) desarrollada con fondos públicos y presentada como un asistente virtual para facilitar el acceso a información gubernamental. El proyecto se enmarca en la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, con un presupuesto de 150 millones de euros.

El PP se hace eco de las críticas que esta IA ha despertado entre algunos expertos que, según recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press, destacan su elevado coste para los resultados que ofrece y presenta «errores gramaticales, confusiones en tareas básicas de razonamiento y dificultades al programar en Python».

RESPONSABILIDAD PENAL

Según los populares se ha evidenciado «la urgencia de establecer controles rigurosos que eviten perpetuar estereotipos y garanticen resultados fiables» y que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) debe tener un papel fundamental «para asegurar que la IA cumpla con estándares de calidad y neutralidad en su desempeño».

Además, sostienen que hay «interrogantes sobre la propiedad intelectual y la eventual responsabilidad penal cuando esta tecnología se utilice con fines comerciales» y denuncian que la «opacidad» con la que, desde su punto de vista, se ha desarrollado «genera preocupaciones sobre su posible utilización como instrumento de control ideológico».

«El uso de la IA en la Administración Pública debe regirse por los principios de transparencia, objetividad y pluralidad. Sin embargo, experiencias previas han demostrado cómo ciertas herramientas digitales promovidas desde el Gobierno han servido más como instrumentos de propaganda que como verdaderos servicios neutrales para los ciudadanos», alerta el PP.

En este sentido, el Reglamento de IA y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establecen la necesidad de mecanismos de supervisión y explicabilidad en el uso de esta tecnología. Sin embargo, el Ejecutivo no ha dado explicaciones sobre cómo piensa aplicar estos principios a ALIA ni ha detallado qué medidas implementará para evitar sesgos.

LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA ES UNA REALIDAD

Tras constatar que «la desinformación y la manipulación informativa representan una amenaza real», exigen que esta IA se someta a «auditorías externas que evalúen su objetividad y neutralidad».

«La ciudadanía tiene derecho a saber qué tipo de información genera esta IA, cómo se decide, qué respuestas ofrece y si sus algoritmos están diseñados para favorecer determinadas ideologías políticas», inciden los de Alberto Núñez Feijóo.

Por todo ello, intentarán que el Congreso inste al Gobierno a publicar los expedientes administrativos relacionados con la creación, financiación, desarrollo y despliegue de ALIA, así como a a realizar auditorías periódicas sobre sus posibles sesgos ideológicos.

También buscan que la Cámara emplace al Ejecutivo a clarificar el régimen de propiedad intelectual y los derechos de autor de los textos utilizados para el entrenamiento, así como la posible responsabilidad penal o administrativa derivada del uso y comercialización de ALIA, ante posibles reclamaciones.

Otra de sus exigencias es que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) haga informes periódicos para garantizar la transparencia de las bases de datos utilizados para el entrenamiento de ALIA y que se informe al Congreso sobre su desarrollo, uso y actualizaciones de esta «IA gubernamental».

ANONIMIZACIÓN DE DATOS

En una reciente respuesta parlamentaria a varios diputados del PP, el Ejecutivo ya garantizaba que se han empleado «datasets» de diversas fuentes siguiendo técnicas de anonimización de datos personales y que están dialogando con distintas entidades «para acceder a corpus de datos de alta calidad, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual».

Respecto a la demanda de las empresas privadas para el desarrollo de ALIA, el Gobierno subraya en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el objetivo de esta plataforma es facilitar el uso de modelos de Inteligencia Artificial (IA) abiertos, soberanos y adaptados a la realidad lingüística española, con aplicaciones en múltiples sectores económicos.

Por último, el departamento de Óscar López aclara a los populares el total de 150 millones que se han movilizado se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2024, por lo que no están vinculados exclusivamente a ALIA.