El PP solicita varias comparecencias en torno al concurso de méritos «fraudulento» de la Consejería de Economía

Quiere primero «agotar la vía política» para depurar responsabilidades y tras escuchar a los implicados valorará si tiene que «ir más allá»

El PP ha solicitado varias comparecencias en el Parlamento para depurar responsabilidades y esclarecer si hay indicios de delito en el concurso de méritos «fraudulento» por el que lograron dos puestos la exconsejera de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, y a la exsecretaria general, María González.

En concreto, accedieron a los puestos de jefe de Área de Intervención y Fiscalización y jefe de la Unidad de Eficiencia y Modernización de la Consejería de Economía tras un concurso que, a juicio de los populares , fue creado «a su imagen y semejanza» con unos requisitos que, «casualidad, eran ellas las únicas funcionarias del mundo mundial que los cumplían».

Y es que se pedía experiencia en asuntos en los que habían trabajado Sánchez y Gómez pero que no eran competencia de esos nuevos puestos, según ha señalado este miércoles la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha dado una rueda de prensa sobre este concurso de méritos que ve «muy sospechoso».

Como ha explicado, en marzo de 2021, cuando ambas estaban en los puestos de consejera y secretaria general, se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería y se crearon los dos nuevos puestos en el área de Intervención, y posteriormente se convocó un concurso de méritos cuyos requisitos los fijó la propia Gómez y se los propuso a la Consejería de Presidencia para su aprobación.

Así, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la comparecencia del interventor general del Gobierno, que «dio el visto bueno a la RPT; de María Sánchez y María González, para que expliquen qué funciones desempeñan en sus nuevos puestos; y de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, ya que fue la que resolvió y convocó el concurso. En torno a ella, el PP señala que desconoce si «simplemente la metieron un gol», pero pide que, de ser así, «lo diga».

El partido quiere «llegar hasta el final del asunto» y primero «agotar la vía política» para «ver hasta dónde llegan las responsabilidades», y una vez haya escuchado a los implicados valorará si tiene que «ir más allá», ha dicho la líder popular , que por ahora no anticipa ni descarta ninguna actuación porque «no tenemos los elementos de juicio necesarios». De hecho, ha señalado que el PP no puede acudir a la vía contencioso-administrativa porque no es parte implicada, pero de lo contrario «ya lo habríamos hecho».

Así, para agotar esa vía política ha solicitado estas comparecencias y que el Gobierno declare nula la adjudicación de las dos plazas, aunque reconoce que «no es nada optimista» con esto último. Sin embargo, con las comparecencias espera que esta vez PRC y PSOE no usen su mayoría absoluta en la Cámara para tumbar la solicitud, pues cree que sería «injustificable y muy clarificador».

«Lo que hay que preguntarse es si los méritos específicos se fijaron de acuerdo a las necesidades del puesto o de acuerdo a los que tenían la consejera y la secreteria general», ha dicho Sáenz de Buruaga, señalando que en política «no todo se reduce al ilícito penal», pero considera que al menos sí es «una cacicada en toda regla y un clarísimo amaño».

A su juicio, «todo es muy sospechoso» y más «viniendo de una consejera que se ha caracterizado por una gestión turbia», sobre la que «sobrevuelan las sospechas de enchufismo» en la Oficina de Proyectos Europeos al nombrar a tres personas vinculadas y procedentes del Tecnológico de Monterrey de México y que salió de la Consejería «de estampida y por la puerta de atrás».

Eso sí, «se marchó como Cenicienta, porque solo a ella le cabía el zapato», ha sentenciado la líder del PP insistiendo en que los requisitos eran «un traje a medida» para las que finalmente resultaron adjudicatarias.