El PP se ha quedado solo en el Congreso defendiendo su idea de que se cree un nueva autoridad independiente para gestionar los 140.000 millones del Mecanismo Europeo de Recuperación que le corresponden a España.

Los populares han vuelto a plantear esta propuesta aprovechando los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de proponer fórmulas para mejorar la imparcialidad de los órganos reguladores y autoridades independientes.

El primer partido de la oposición quería que el informe que ha de aprobar ese órgano incluyera la recomendación de que se crease esa autoridad independiente para ocuparse de los fondos europeos, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ni siquiera Ciudadanos, que se había mostrado partidario de una fórmula similar, apoyó su enmienda en ese sentido, y tampoco lo hizo Vox, que en su día permitió la aprobación del decreto del Gobierno.

En su enmienda, el PP defendía que se optara por una autoridad independiente para la gestión de esos fondos europeos dado que estas entidades «no reciben instrucciones de ningún otro órgano, ni siquiera de los poderes del Estado» y «que deben resistir cualquier tipo de presión externa sobre su proceder».

AJENA A DECISIONES POLÍTICAS O PARTIDISTAS

Según los populares , se trataría de poner en marcha una autoridad independiente «con plena independencia orgánica y funcional respecto de las Administraciones Públicas», cuyo objeto sería garantizar, «de forma transparente, eficaz y desvinculada de decisiones políticas y partidistas», la «correcta aplicación» de esos fondos lograr que España salga de la crisis sanitaria, económica y social «más cohesionada» y con unos «fundamentos sólidos» que le permitan crecer y crear empleo de forma estable en los próximos años.

La propuesta del primer partido de la oposición, recogida por Europa Press, especifica que a este órgano le correspondería no sólo determinar las prioridades de inversión a las que deben destinarse los fondos y los criterios de reparto entre las diversas administraciones; sino también la fijación en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio de «las dotaciones de crédito oportunas consecuencia de las prioridades de inversión y de los criterios de reparto» que se establezcan.

Asimismo, tendría que encargarse de la valoración, aprobación, seguimiento y control de los Perte; del control de los proyectos ejecutados tanto por la administración central como por el resto de administraciones territoriales, y de la preparación de la documentación que deba ser presentada ante la UE por parte España para la adecuada gestión de esos 140.000 millones de euros.