El PP se pregunta si Bolaños será también citado ante el juez por mensajearse con García Ortiz sobre el novio de Ayuso

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha preguntado este martes si, además de declarar el próximo día 16 ante el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, será citado próximamente por el Supremo por haber intercambiado mensajes con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al Supremo de que Google y WhatsApp han accedido a conservar los datos que tienen del fiscal general del Estado en el marco de las pesquisas que dirige en su contra por una presunta revelación de secretos contra González Amador.

Por lo pronto, ha recordado que este miércoles están citados en el Supremo la número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, que era jefa de Gabinete del ahora ministro, Óscar López, cuando aún estaba en Moncloa, y también el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, a los que ha acusado de «traficar con información de Fiscalía» sobre el novio de Ayuso «que aún no estaba publicada en ningún medio de comunicación».

«Y veremos si el señor Bolaños no tiene que declarar también en relación con los mensajes que se haya podido intercambiar con el fiscal general del Estado toda vez que Google y WhatsApp han confirmado que entregarán los mensajes que han podido salir o entrar en su terminal telefónico», ha comentado el dirigente popular .

QUE DIGA LA VERDAD ANTE PEINADO

Además, ha hecho hincapié en que el próximo 16 de abril, el ministro de Presidencia y Justicia tendrá ir «a defender al Gobierno de una acusación de malversación» por ser, a su juicio, «el responsable de pagar con dinero de todos los españoles la nómina de una trabajadora cuya función era pedir dinero a empresas para que se lo llevara Begoña Gómez a través de su cátedra».

«Destinó a una empleada pública a enriquecer a la familia del presidente del Gobierno», ha abundado, antes de apuntar que habrá que ver si el ministro es «capaz de cumplir con una obligación legal que es decir la verdad» puesto que, en su opinión, «no está acostumbrado a hacerlo». «Esperemos que no le salga urticaria», ha ironizado.