El PP quiere eximir a las empresas de reparto de las cotizaciones no abonadas hasta la Ley rider

El PP quiere impedir que la Seguridad Social pueda reclamar a las empresas de reparto las cotizaciones no abonadas por no tener contratados a sus trabajadores antes de la entrada en vigor de la nueva Ley rider aprobada por el Gobierno.

Para ello, los populares han presentado una enmienda en el Congreso a esta regulación, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la que buscan establecer por ley que las cotizaciones abonadas antes de la entrada en vigor de la ley por esta actividad «se consideren válidas a todos los efectos».

Asimismo, plantean aclarar esta cuestión en la propia exposición de motivos de la nueva norma, para la que proponen un cambio en este sentido. «Resulta esencial que la ley establezca expresamente que la presunción de laboralidad no lo será con efectos retroactivos a efectos de posibles reclamaciones por parte de la Seguridad Social», propone el PP en otra de sus enmiendas.

Esto impediría que, como viene siendo hasta ahora, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pida cuentas a las empresas de reparto por las cotizaciones no abonadas por no tener dados de alta en el Régimen General a sus trabajadores.

ABRE LA PUERTA A QUE PUEDAN SEGUIR SIENDO AUTÓNOMOS

En sus enmiendas, el PP también quiere rebajar las obligaciones de información de la empresa con sus trabajadores respecto al algoritmo de su actividad y también abrir la puerta a que pueda seguir habiendo repartidores autónomos.

En este sentido, reformula el título del artículo que establece esta presunción de laboralidad –«salvo prueba en contrario», añaden– y también incluyen el reparto a través de plataformas digitales como servicio no sujeto al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores «cuando se demuestre su autonomía».

EL ALGORITMO, UN SECRETO PROFESIONAL

Respecto a las obligaciones de información, la nueva regulación obliga a la empresa a informar a los trabajadores de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial que influyen en las decisiones de la empresa y afecten a condiciones de trabajo, el acceso o el mantenimiento del empleo.

Sin embargo, con otra enmienda el PP busca limitar estas obligaciones de información a las medidas adoptadas por la empresa para evitar «sesgos» que puedan derivar en «situaciones discriminatorias» en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo.

Así, quieren dejar por ley que los derechos de información «no implican en ningún caso que el comité de empresa pueda tener acceso directo al algoritmo o al sistema de inteligencia artificial empleado, siendo estos considerados secretos empresariales».