El PP propone en el Congreso realizar una auditoría pública de los recursos humanos en las administraciones públicas

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que plantea la necesidad de llevar a cabo una auditoría pública del personal al servicio de las administraciones públicas con el fin de planificar o anticiparse a determinadas situaciones, entre lasque cita el envejecimiento de la plantilla.

En su proposición no de ley, a la que tuvo acceso Europa Press, los populares subrayan que, pese a que en los últimos 25 años el empleo público se ha duplicado en España, los empleados públicos se sitúan en una posición intermedia entre los países desarrollados y por debajo de la media de la OCDE.

El PP reseña que en 2020, año de la pandemia, el empleo público creció un 6,2%, hasta alcanzar los cerca de 160.000 puestos de trabajo y llegando hasta los 2,6 millones el numero de empleados públicos.

Con todo, el partido que capitanea Pablo Casado destaca que existen servicios públicos que la crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto la falta de personal especializado en áreas como la medicina o la enfermería.

FALTA DE CRITERIO E IMPROVISACIÓN

Esta situación evidencia, a su juicio, «la falta de criterio» a la hora de incorporar recursos humanos a las administraciones públicas, estableciéndose como el principal «el de la oportunidad política», así como la «improvisación», en tanto que «no existe una hoja de ruta clara y conjunta para todas las administraciones».

Así las cosas, el PP considera que «se hace más necesario que nunca» constituir un grupo de trabajo que estudie las necesidades de cada administración en materia de recursos humanos, un foro con representación de todos los niveles del Estado y de los sindicatos con presencia en las distintas administraciones.

También insta al Gobierno a destinar financiación pública suficiente para poder desarrollar los trabajos necesarios «en el menor tiempo posible» y a dar cuenta al Congreso de la evolución de los mismos cada tres meses.

Por último, sugiere al Ejecutivo que, en el plazo máximo de un año presente, para su aprobación por la Cámara Baja, una auditoría integral de las necesidades de personal al servicio de las administraciones públicas, así como una estrategia para poder contar con unas instituciones «más eficientes y productivas, si cabe» pero también «mejor dotadas desde el punto de vista de los recursos humanos.