El PP presenta una ley para bajar el IVA de energía y materias primas a explotaciones agrícolas en crisis

El PP ha registrado una proposición de ley en el Congreso pidiendo que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Se trata de una ley que tiene por objeto apoyar al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía. Para ello, el Grupo Popular incluye un paquete de medidas tributarias para aliviar los costes de producción en el campo.

En primer lugar, considera relevante reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes «incrementos de precio» para los agricultores y ganaderos.

Asimismo, el PP asegura que la Comisión Europea ha planteado la necesidad de reducir el IVA de los alimentos para asegurar su acceso a toda la población a precios razonables, sin generar con ello perjuicio en quienes los producen, transforman o comercializan.

CONCEDER AYUDAS «MÍNIMIS»

Por otro lado, la formación capitaneada por Alberto Núñez Feijóo propone la concesión de ayudas estatales de «mínimis», o subvenciones de bajo importe, destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción.

El PP quiere establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional para dar estas ayudas ante situaciones de la misma vulnerabilidad que, además, serían conocidos previamente por los interesados.

Eso sí, la ley plantea que estos recursos se otorguen en tanto se desarrolla, en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, un seguro de estabilización de los ingresos que permita la gestión de los riesgos sobre los ingresos relacionados con la actividad agraria.

HAY QUE HACER UN SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS MERCADOS

En otro orden de cosas, el PP señala que la globalización de los mercados agrarios y la apertura del mercado europeo pueden suponer un riesgo para la sostenibilidad de zonas de cultivo tradicionales, por lo que consideran necesario disponer de un «eficaz sistema de seguimiento integral» de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales.

El objetivo de esta medida es identificar las amenazas a las que los productores están sometidos, facilitar la adopción de las medidas correctoras oportunas y evaluar el impacto de los riesgos.

En el caso de que por este seguimiento más estricto de los mercados haya consecuencias en los intercambios comerciales con diferentes países, el PP cree que deberá trabajarse de manera anticipada en la búsqueda de nuevos mercados que resulten adecuados para redirigir las exportaciones españolas.

QUE SE CUBRAN MÁS RIESGOS PARA LOS AGRICULTORES

De su lado, el PP quiere que el seguro agrario combinado incorpore la posibilidad de cubrir nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados, y reforzar su viabilidad, técnica y económica, permitiendo garantizar las coberturas que se ponen a disposición de los agricultores asegurados.

También propone modificar la ley de seguros agrarios combinados para incorporar el riesgo de ingresos de las explotaciones agrarias entre los riesgos asegurables, todo ello en concordancia con los reglamentos europeos.

Por su parte, se propone la modificación del artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para ajustar el tratamiento que debe darse a los residuos vegetales al criterio general establecido en la ley para el conjunto de residuos.

En clave medioambiental, el PP plantea que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrolle los estudios y trabajos precisos para impulsar el acceso de los agricultores al mercado de carbono, que permita a los agricultores y ganaderos obtener una compensación por la captura y almacenamiento de carbono en tierras y cultivos, de tal forma que puedan contar con una fuente de ingresos adicional por su papel en la lucha contra el cambio climático.

Por último, la formación propone delimitar el marco al que deben ajustarse las medidas desarrollados a tenor de la Ley de Restauración de la Naturaleza que tiene por objeto restaurar los ecosistemas degradados, pues dice que está generando una «importante incertidumbre» entre productores y el conjunto de operadores del sector agrario.