El PP plantea una comisión de investigación del Covid formada por senadores y diputados que dure seis meses

Dice que el objetivo es depurar responsabilidades por la «negligente» gestión de Sánchez e impulsar «medidas útiles» a futuro

El PP ha registrado este martes su solicitud para crear una comisión mixta de investigación sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno en la que plantea que ese órgano esté formado por diputados y senadores, y que sus trabajos duren al menos seis meses. En su escrito, el partido señala que el objetivo es «determinar la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con la negligente gestión» del Ejecutivo e impulsar «medidas útiles» para afrontar futuras pandemias.

Unas de las principales novedades es que el partido que lidera Pablo Casado propone que sea una comisión mixta Congreso-Senado. Precisamente el pasado mes de junio Pedro Sánchez ofreció en el Senado formar una comisión mixta de Evaluación de la pandemia y los populares recogieron el guante registrando esa iniciativa en la Cámara Alta que contara también con la participación de las comunidades autónomas.

Ahora la dirección del PP ha decidido utilizar esa fórmula de comisión mixta para la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia. Su planteamiento es que haya ocho diputados del Grupo Socialista y siete senadores de ese mismo partido; seis diputados y seis senadores del PP; tres diputados de Vox; dos diputados y un senador de Unidas Podemos; un representante de cada Cámara por el grupo de ERC y Bildu; y un diputado o senador en el caso de los demás grupos.

«IMPRECISIÓN, INCOMPETENCIA Y MENTIRAS»

El partido que lidera Pablo Casado justifica esta petición alegando que la gestión del Covid-19 realizada por el Gobierno ha estado marcada desde el comienzo de la pandemia por «la imprecisión, la incompetencia y las mentiras».

A pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo a finales de enero que el Gobierno estaba preparado para abordar cualquier situación, según relata el PP, «los errores y la incapacidad por parte del Ejecutivo ha sido una constante desde entonces», con la toma de decisiones «tardías e insuficientes» en asuntos como la compra de material. «A día de hoy, las CCAA no tienen a su disposición la reserva estratégica comprometida», recalca.

El PP denuncia además las «imprecisiones y la opacidad permanente en la comunicación a los españoles de las cifras reales de personas contagiadas (más de 500.000) y, en mayor medida , de las personas fallecidas». Según añade, el Gobierno solo ha reconocido a 29.000 frente a las más de 53.000 «contabilizados» por el Instituto Carlos III, el INE o la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios.

También hace mención al hecho de que España sea el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados; las «mentiras reiteradas» en cuestiones como la creación de comités de expertos para tomar decisiones sobre las fases de desescalada; o los «retrasos» en la coordinación de medidas con las que garantizar el inicio del curso escolar en todo el país.

ESPAÑA, UNO DE LOS PEORES PAÍSES DE «TODO EL MUNDO»

Tras realizar un relato cronológico sobre lo ocurrido estos meses y los pasos que se han ido dando, el PP asegura que esta comisión permitirá conocer «la verdadera dimensión de las deficiencias del Ejecutivo», ya que, a su juicio, los hechos evidencian que el Gobierno ha situado a España como uno de los peores países «de todo el mundo» teniendo presentes variables como los índices de mortalidad, el número de afectados o la proporción de profesionales contagiados.

«La comisión mixta tendrá por objeto investigar y, en su caso determinar, la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con la negligente gestión del Gobierno de España a la hora de afrontar la pandemia del Covid-19 y sus efectos sanitarios, sociales y económicos en España, así como favorecer el diseño y el desarrollo de medias útiles con las que afrontar de forma competente y adecuada futuras pandemias», afirma.

PLAZO DE SEIS MESES PRORROGABLE

El PP establece que en el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado, la comisión elevará sus conclusiones al Pleno del Congreso para su aprobación, así como los votos particulares que presenten los grupos, pudiendo acordar en su caso que la Mesa del Congreso «dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las actuaciones que sean procedentes». En los acuerdos de la comisión se aplicará el criterio del voto ponderado, según añade.

En cuanto a la ordenación de los trabajos, asegura que la comisión incluirá las comparecencias que «se consideren oportunas, incluidas las de quieres pueden resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil y/o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la comisión». Los grupos también podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de sus trabajos, incluso a los órganos jurisdiccionales si no está bajo secreto.