El PP plantea que el Reglamento del Congreso prohíba citar a jueces a comisiones para hablar de casos concretos
ERC tiene pedida la comparecencia de varios miembros de la judicatura en las comisiones sobre la Operación Cataluña y Pegasus
El PP ha planteado la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso para que recoja expresamente la prohibición de citar a jueces y magistrados a las comisiones parlamentarias, incluidas las de investigación, para que den cuenta de casos concretos.
Los populares han aprovechado la revisión feminista de las normas internas de la Cámara impulsada por el PSOE y Sumar, que reescribe el Reglamento en lenguaje inclusivo, para registrar esta propuesta relativa a los miembros de la judicatura.
En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el primer partido de la oposición defiende la necesidad de incorporar al Reglamento del Congreso lo previsto en los artículos 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El primero de estos preceptos señala que los jueces y magistrados no podrán revelar datos sobre personas concretas que hayan obtenido en el ejercicio de su labor y el segundo establece que las autoridades civiles se abstendrán de citar a jueces y magistrados a comparecer a su presencia y remarca que estos no podrán colaborar cuando ello perjudique su competencia.
COMPARECENCIA OBLIGADA, CON LA LEY ACTUAL
Así, el PP aspira a que el Reglamento recoja expresamente que «no se propondrá la comparecencia de jueces o magistrados para informar sobre hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones», ni siquiera en las comisiones de investigación, donde, según el artículo 76.2 de la Constitución, es obligatorio comparecer, e incluso el Código Penal plantea penas por desobediencia.
El debate sobre la posibilidad de citar a jueces al Congreso surgió al principio de esta legislatura cuando Junts y ERC hicieron pública su intención de que las comisiones de investigación que habían acordado crear con el PSOE sirvieran para poner de manifiesto la existencia del denominado law fare .
En concreto, las formaciones independentistas acordaron con los socialistas abrir sendas comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña , el Caso Pegasus y los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en 2017.
Pese a sus reiteradas críticas a miembros de la judicatura desde la tribuna del Congreso, al final Junts no propuso citar a jueces ni fiscales a estos órganos, pero ERC sí lo hizo. En todo caso, esas comisiones aún no han aprobado una lista definitiva de comparecientes.
Entre otros, ERC propuso los nombres de Manuel García Castellón (instructor del caso Tsunami donde se achaca terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira), José Ramón Navarro (presidente de la Audiencia nacional), y de los fiscales Javier Zaragoza (Audiencia y Supremo), Martín Rodríguez Sol (exfiscal jefe de Cataluña) para la relativa a la Operación Cataluña .
Y para la que tendrá que investigar el espionaje a independentistas ERC planteó llamar también a García Castellón, a sus colegas de la Audiencia Nacional, José Luis Calama y Alejandro Abascal, así como al juez del Supremo Pablo Lucas Murillo –solicitado también por Bildu– y al magistrado Santiago García del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona.
Esquerra también defendió interrogar, entre otros, a tres fiscales: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carvallo y Roberto Valderde, de la Fiscalía de Barcelona.
Y AHORA POLÉMICA POR LOS FISCALES
Ahora la polémica por la citación a fiscales a comisiones de investigación se ha reabierto después de que la relativa a los contratos de emergencia en pandemia aprobara el pasado martes un listado de 134 comparecientes que incluye al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón y la fiscal jefa de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kovesi, a propuesta de Bildu, así como al responsable de la Fiscalía Europea que investiga el caso Koldo , Ignacio de Lucas, a instancias de Junts.
El PSOE requería el apoyo de sus habituales socios parlamentarios para poder aprobar ese listado de comparecientes y aceptó gran parte de los nombres planteado por estas formaciones, entre ellos, los de los citados fiscales.
Ese mismo día, al saber de la intención de llamarles a comparecer, el fiscal general del Estado se dirigió por escrito al presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, para solicitarle que no se cite al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Después, tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como la ministra de Defensa y magistrada en excedencia, Margarita Robles, se mostraron en contra de la inclusión de los fiscales en la lista que había registrado su propio grupo parlamentario. Ahora el PSOE está estudiando cómo esquivar esas comparecencias y lo más probable es que al final se vayan relegando y se termine por no citarles.
