El PP plantea limitar por ley el número de ministros y que el jefe del CNI no haya estado en política los 5 años previos

Pide también regular el traspaso de poderes, un cita anual del Debate de la Nación y un «fortalecimiento» del Senado con más funciones

El PP plantea en su plan de calidad institucional establecer por ley pautas para configurar gobiernos, de forma que cuenten con un «número razonable y proporcionado» de ministros, regular el traspaso de poderes, una cita anual del Debate sobre el estado de la Nación y «fortalecer» el Senado con más atribuciones. Además, defiende que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no haya estado en política los cinco años previos.

Así se recoge en el documento de 30 páginas con 60 medidas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho público este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, que fue el lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812, conocida popularmente como la Pepa .

En el apartado de medidas para un buen gobierno, el PP señala que «se establecerán por ley pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como de criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los Gabinetes del Gobierno». Estos meses, los populares han denunciado el incremento de asesores y que el Ejecutivo cuente con 22 ministros.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CNI, CIS E INE

Respecto al CNI, el PP quiere que su director no haya ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento, además de acreditar «competencia y experiencia» en el ámbito. Esto afectaría por ejemplo a la actual jefa de los servicios de inteligencia, Esperanza Casteleiro, que era secretaria de Estado de Defensa de Margarita Robles hasta que fue elegida para dirigir el CNI.

La propuesta de los populares también contempla que los servicios de inteligencia, además de proporcionar información al Gobierno, pueda hacerlo a otras instituciones y organismos que lo precisen.

Además, propone revertir la resolución adoptada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que permitió rebajar las mayorías necesarias para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, permitiendo así la entrada de los independentistas.

En otro apartado, el documento del PP aboga por un marco jurídico que evite ceses e injerencias en el Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizando la independencia y neutralidad del organismo. Esto tras la polémica por el cese en el mes de junio de Manuel Rodríguez Poo como presidente.

En cuanto al CIS, se compromete a una modificación legislativa que obligue a que el presidente sea nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio que no hayan sido cargo electo durante al menos los últimos cinco años, ni tampoco miembros del Gobierno, de los Ejecutivos autonómicos, «ni hayan ostentado cargo orgánico alguno en partido político u organización sindical». Añade que las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos.

Feijóo quiere «recuperar la profesionalidad» del organismo recuperando el sistema anterior a septiembre de 2018, cuando llegó a José Luis Tezanos a la Presidencia. Con ello, reivindica que su «exclusiva prioridad» sea «informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales».

REGULAR USO DEL FALCÓN Y MÁS CONTACTO ENTRE PRESIDENTE Y OPOSICIÓN

Además, el PP dice que, con carácter general, «se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicenrecursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículospara el desplazamiento». Los populares quieren evitar así el uso del Falcon que, a su juicio, ha realizado estos meses el presidente del Gobierno.

También propone abrir un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno y establecer límites a la realización de viajes institucionales al exterior que regirán desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones. Además, señala que «se perfeccionará la normativa para mejorar la custodia de los documentos públicos, especialmente los que comprometen la seguridad de la Nación».

El PP asimismo aboga por fijar «un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición o las personas en los que ambos acuerden delegar. En todo caso, prosigue, le informará cuando corresponda y «como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones» sobre los siguientes asuntos: cumbres internacionales; decisiones «sustanciales» de política Exterior y Defensa; temas del pacto antiterrorista; y violencia de género.

El PP también plantea recuperar el delito de sedición en el Código Penal, dejar sin efecto la reforma del delito de malversación y se recuperará el delito del referéndum ilegal. Además, pide aprobar una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de»sólo sí es sí») para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad.

LISTA MÁS VOTADA EN LOS AYUNTAMIENTOS

Además, propone crear una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa de las normas; limitar el recurso al Real Decreto Ley; e incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.

El PP también plantea aprobar una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que «dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno». El último se celebró el pasado mes de julio, pero llevaba siete años sin convocarse, un hecho que habían denunciado los grupos de la oposición.

Los populares también abogan por proponer una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada, según reza en su documento

En el caso del Senado, apuesta por su «fortalecimiento», promoviendo el debate en la Cámara Alta sobre las propuestas normativas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos. También defiende «analizar nuevas atribuciones» para el Senado que le permitan «fiscalizar de una manera ágil, operativa y eficaz la distribución de fondos públicos para competencias de carácter autonómico, provincial y local».

MAGISTRADOS DEL TC Y FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El PP defiende también regular los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional –no podrán si han ocupado cargo político en los últimos cinco años– y se aprobarán cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.

Además, dice que se establecerá un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado cuyo mandato será de cinco años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.

En otra medida, el PP pide derogar la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establecer un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ por el cual: los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión.