El PP pide en el Congreso la derogación de la Ley de Vivienda antes de que entre en vigor

También incluyen en su propuesta un plan anti-ocupación y la deducción fiscal por la compra de primera vivienda

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo ya la derogación de la recién aprobada Ley de Vivienda, que hace sólo dos días recibió la luz verde definitiva en el Senado y que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, aún no ha entrado en vigor.

Mediante una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso, el Grupo Popular incluye un punto específico para derogar esta norma porque consideran que incluye medidas «intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual». También creen que el proyecto de ley va a contraer la oferta del mercado de la vivienda.

Aunque el Grupo Popular reconoce en su propuesta que la vivienda se ha convertido en una de las preocupaciones «para la totalidad» de las familias españolas, que hay 26 millones de viviendas vacías y que el 70% de las hipotecas en 2022 eran a tipo variable y el Euríbor se sitúa en un 3,85%, encareciendo la cuota hipotecaria en 3.000 euros anuales; cree que la nueva norma impulsada por el Gobierno y apoyada por Esquerra Republicana (ERC) y Bildu es «intervencionista y sectaria».

FAMILIAS PROPIETARIAS «HORRORIZADAS»

Esto lo dicen porque, a su juicio, las familias propietarias de dos o más viviendas se han visto «horrorizadas» con la nueva ley. Para defender esta tesis los populares hacen referencia a la okupación y también la inquiokupación , concepto este último que frecuentemente utiliza Vox y que hace referencia al inquilino que vive de alquiler pero no paga sus cuotas.

En definitiva, el PP entiende que a raíz de la ley a los propietarios «se les puede imponer todo tipo de obligaciones» si su segunda vivienda, que no la primera, se encuentra en una zona definida como tensionada y les deja «indefensos» en los supuestos comentados anteriormente. Todo ello, denuncia el Grupo Popular, alarga los procedimientos de lanzamiento y «dificulta que los legítimos propietarios recuperen sus viviendas ocupadas».

«El gobierno socialista y la extrema izquierda se olvidan de una máxima en este tema: a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, pero desde las administraciones públicas, no cargándolo sobre las espaldas de las familias», dice textual la propuesta del PP.

Al hilo de esto, el Grupo Popular incluye también un punto específico para presentar, en el plazo máximo de un mes, un poyecto de ley anti-ocupación que permita el desalojo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. También piden que se refuercen las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel.

MEDIACIÓN CON INQUILINOS VULNERABLES

Lo que dice la Ley de Vivienda en una de sus disposiciones finales es que se inadmitirán las demandas judiciales de grandes tenedores que quieran recuperar una vivienda si en ésta vive una persona vulnerable económicamente y siempre que no haya habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre propietario e inquilino. En todo caso, serán los tribunales los encargados de establecer si finalmente se suspende el proceso.

La citada conciliación la establecerán las administraciones públicas competentes teniendo en cuenta las circunstancias de ambas partes y las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda.

La persona será considerada vulnerable económicamente, con carácter general, cuando sus ingresos sean hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y los gastos de alquiler o hipoteca superen el 30% de estos ingresos, sumados suministros básicos. En términos prácticos, se trataría de una persona con unos ingresos medios de hasta unos 25.000 euros anuales y con unos gastos de vivienda que le supongan más de un tercio de los mismos.

PACTO DE ESTADO POR LA VIVIENDA

El PP quiere con su propuesta recuperar temporalmente la deducción por adquisición de vivienda habitual para que las familias con rentas inferiores a 60.000 euros puedan compensar el aumento de la cuota hipotecaria por la subida del Euríbor.

Asimismo, y al igual que han defendido otras veces, plantean impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda con el objetivo principal de facilitar el acceso a los jóvenes de una vivienda, con ayudas tanto al alquiler como a la compra, con el fin de cerrar la brecha de emancipación que existe con respecto a la Unión Europea.