El PP ha pedido el cese del consejero de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, por cuestionar que los medios de comunicación destaquen la evolución del precio de la electricidad.

Así, su portavoz energético en el Congreso, Juan Diego Requena, ha recordado que Bacigalupo «ya salió en su momento en defensa» de la vicepresidenta y que «ahora critica que los medios informen a diario sobre la escalada del precio de la luz». Algo que ve como «un claro motivo de cese», dentro de que ya existe, asegura, «un claro conflicto de intereses».

Por otro lado, también expresa su «preocupación» acerca de las declaraciones Bacigalupo, que ve «inaudito» que los precios diarios del mercado eléctrico abran los informativos.

Concretamente, Bacigalupo aseguró en unas jornadas sobre el sector eléctrico la semana pasada que veía «inaudito, insólito y sin parangón» que «los telediarios abran a diario con los precios del mercado eléctrico», y que «los españoles miran con indignación las noticias» cuando «la mayoría no tiene ni idea» de la factura que pagan, «ni saben lo que han pagado este mes o hace dos meses».

Por otro lado, el PP también ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso para aclarar por qué fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y no la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que acudió a Argelia a reunirse con el Ejecutivo de este país con el fin de asegurar el suministro de gas a España.

«Es inaudito que para tratar un asunto de vital importancia para España, como la garantía de suministro de gas, Sánchez mande a Argelia a un ministro y no lo haga un cargo superior, como la vicepresidenta tercera», esgrime Requena.

Para ello, los populares han registrado sendas solicitudes de comparecencia de los ministros en el Congreso, así como de la número dos de Ribera, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, pero también para explicar los efectos de las últimas medidas del Ejecutivo para contener la escalada de precios de la electricidad.

En este sentido, Requena considera que estas medidas «ponen en riesgo la inversión internacional y la implantación de las renovables», y señala que agencias de calificación o bancos extranjeros «están cuestionando la seguridad jurídica de España».