El PP pide al Supremo que cite como testigos a Delgado y Llop por su querella contra el fiscal general del Estado

Dice que el fiscal general la ascendió para «pagar los favores recibidos» y cree que este hecho es un acto de «corrupción»

El Partido Popular, que ya ha presentado formalmente la querella que anunció hace un mes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta prevaricación al ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que cite a declarar como testigos a la propia Delgado y a la exministra de Justicia Pilar Llop.

Así consta en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha interpuesto la formación ante el alto tribunal contra el número uno de la Fiscalía por el nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo.

Los populares solicitan a la Sala de lo Penal que admita su querella y practique una batería de diligencias, incluido que reclame a la Sala de lo Contencioso-Administrativo la sentencia en la que apreció «desviación de poder» por parte de García Ortiz pasa ascender a su antecesora y que cite a la representación legal del PP para ratificar su querella.

También pide a los magistrados que llamen a declarar como investigado al fiscal general y que citen como testigo –además de Delgado y Llop– al fiscal Luis Rueda, «candidato perjudicado» por la decisión adoptada por García Ortiz. Además, solicita que se sume al procedimiento el informe del Consejo Fiscal sobre la votación por la que se consideró que el candidato idóneo para la cobertura era Rueda «por encima» de Delgado.

El PP defiende que la actuación de García Ortiz es «susceptible de ser calificada» de un delito de prevaricación porque obró con «arbitrariedad». «En primer lugar, el hecho que se apartó del parecer del Consejo Fiscal –que respaldó por mayoría al otro candidato, D. Luis Rueda–«, señala al tiempo que incide en que «lo hizo además sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos méritos ajenos a la jurisdicción militar exclusivamente amparados en su exclusiva obstinación personal».

DELGADO NO ERA LA CANDIDATA «MEJOR POSICIONADA»

Así las cosas, insiste en su tesis de que el fiscal general «formuló su proposición a sabiendas de que Dolores Delgado no era la candidata idónea para la cobertura de la vacante». Según los populares , García Ortiz la propuso «de forma arbitraria y pese a no ser la candidata mejor posicionada».

Así, el PP señala que Delgado «cumplía los requisitos mínimos para ser considerada para la vacante y para ser ascendida a la máxima categoría de la carrera fiscal, al pertenecer a la segunda categoría de la carrera fiscal y contar con al menos veinte años de servicio en la carrera fiscal». Sin embargo, también lo es que el otro candidato «cumplía estos mismos requisitos y, además, tenía experiencia en la jurisdicción militar», recalca el PP.

Los populares explican que, habiendo dos candidatos para una sola plaza, y al poder proponerse solamente a uno de ellos, «es forzoso proponer al candidato que ofrezca un grado mayor de cumplimiento de los requisitos, aunque el otro los reúna mínimamente». «En tal caso de competencia, el que reúne el mínimo, no reúne los requisitos exigidos», subraya el PP.

«PAGAR UNA DEUDA PERSONAL DE GRATITUD»

Por todo ello, el PP asegura que el querellado hizo uso de su facultad de proponer al fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo para dos finalidades: «pagar una deuda personal de gratitud» con Dolores Delgado y «procurar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría, pese a que no existe previsión legal de que esto deba ser así».

En su querella, el PP señala de forma reiterada que Álvaro García ascendió a Delgado porque «tocaba pagar los favores recibidos», tras haber sido nombrado fiscal general. «Para ello, en cumplimiento, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas, el querellado se empecina en proponer al Gobierno la promoción de su anterior jefa a la condición de Fiscal de Sala, así como su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo», agrega.

Según el PP, el querellado «antepuso su criterio personal, subjetivo y arbitrario a la opinión estrictamente técnica, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, formulada por el Consejo Fiscal», a la hora de proponer la designación de Delgado para ser ascendida de categoría y nombrada Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

«Sabido es que se trata de una plaza ampliamente conocida por su comodidad en cuando a la intensidad de los quehaceres cotidianos y buena remuneración. Es decir, un destino tranquilo y bien pagado en el que se goza de los máximos beneficios y distinciones que la carrera fiscal ofrece en España a sus miembros», agrega el PP en su escrito.

«ACTOS DE CORRUPCIÓN»

Por todo ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo insiste en que el querellado «cumplió» con su palabra y «devolvió los favores recibidos» a Delgado, guiándose «exclusivamente por su pasión hacia la beneficiaria», según dice el PP que declaró, y «valiéndose para ello de su cargo público y sirviéndose del ejercicio arbitrario y caprichoso de las prerrogativas que le correspondían por su condición de Fiscal General del Estado».

«Es decir, pagó con un cargo público los favores recibidos de la señora Delgado hasta llegar a ser nombrado fiscal general del Estado siendo una candidata que reunía objetivamente menores merecimientos que otro miembro de la carrera fiscal concurrente con ella en el procedimiento para ser destinataria del ascenso en la carrera fiscal y posterior nombramiento en la Sala Quinta del Tribunal Supremo», insiste el PP.

Los populares consideran que estos hechos «constituyen actos de corrupción en el uso de la prerrogativas que le corresponden como fiscal general del Estado y resultan tipificados en el artículo 404 del Código Penal».

«INTERCAMBIO CONTINUO DE FAVORES QUE HA BENEFICIADO A AMBAS PARTES»

En su querella, el PP hace hincapié en la «estrecha relación» entre Delgado y Álvaro García, «una amistad manifiesta que se ha materializado en un intercambio continuo de favores que ha beneficiado a ambas partes y a sus correspondientes carreras profesionales».

De hecho, el PP destaca que la intervención del querellado en la votación del Consejo Fiscal en favor de Delgado, «pese a tenerlo prohibido por ley», explicita su interés personal en que Delgado resultara seleccionada para la vacante que finalmente cubrió en la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.