El PP pedirá modificar la ley para poder desalojar a los okupas en un máximo de 12 horas

El Grupo Popular defenderá el lunes en el Parlamento de Cantabria una iniciativa contra la ocupación ilegal de viviendas, un «problema muy serio» y de «magnitud» en algunas localidades la región, donde «va a más», y ante la falta de respuesta de las administraciones frente a ese «atropello» a los derechos de los propietarios.

En concreto, presentará una proposición no de ley para instar a las Cortes Generales a modificar la legislación de forma que no se considere morador al ocupante ilegal de una vivienda y que se le pueda desalojar en un plazo máximo de 12 horas.

Asimismo, pide modificar la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria para que no puedan ser propietarios ni usuarios de dichas viviendas sociales las personas condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionadas medianteresolución administrativa firme.

Una proposición que hoy ha presentado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, que ha explicado que su partido propone «soluciones» contra la okupación porque «no podemos seguir admitiendo que las instituciones y administraciones públicas no hagan nada frente a uno de los atropellos más salvajes que se pueden producir hacia los derechos de los demás».

Fernández ha recordado que se han producido numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas en Cantabria, últimamente centrados en las localidades de Meruelo, Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto y Polanco; lugares «tranquilos, con calidad de vida asegurada y, de repente, en determinada urbanización o vivienda se produce un problema derivado de la ocupación ilegal de fincas».

El diputado ha subrayado que no se trata de un problema relacionado con el derecho a la vivienda. «Esto no va de derecho a la vivienda; va de que unas personas hace uso de aquello que no es suyo, lo usurpan, lo roban. Es un problema de no respetar lo que no es de uno, de atropellar y avasallar los derechos de los demás».

Según el popular, con la actual legislación española, las administraciones tienen «muy poco recorrido para actuar», que es lo que el PP propone corregir a través de la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que no se considere moradores a los ocupantes ilegales, se les pueda desalojar en un plazo máximo de 12 horas y puedan ser las comunidades de vecinos las que insten a las autoridades a actuar en cuanto tengan conocimiento de una okupación.

«Si no somos capaces de resolver esto en un plazo de 12 horas es que algo va mal en el funcionamiento de nuestra justicia, de nuestras leyes e instituciones», ha subrayado el popular.

Al respecto, ha insistido en que las instituciones de Cantabria «no pueden seguir paradas, en silencio y dormidas» frente a un problema que está «proliferando de manera muy peligrosa» y provocando «un enorme daño a muchas familias y comunidades de vecinos».

«Porque parece que solo tienen derechos quienes ocupan ilegalmente las viviendas; parece que los derechos no están con los propietarios sino con los delincuentes», ha apostillado, reiterando que el problema no tiene que ver con el derecho a la vivienda sino a la propiedad privada, «a una vida digna, sin que nadie te quite o abuse de lo que es tuyo ante el silencio y a veces cabe pensar que ante la complicidad de las instituciones».

En este sentido, el PP defiende que las instituciones tienen que «poner fin a este atropello cuanto antes», que «es un problema muy serio que a quien le toca le hunde la vida», y por eso quiere que el Parlamento de Cantabria «dé ese primer paso» en el Pleno del lunes.

Además, ha apuntado que frente al inmovilismo institucional se está produciendo «una reacción ciudadana espontánea», que es «necesaria» porque en muchos casos ha evitado la ocupación ilegal, pero que es «peligrosa».

«Porque si son los ciudadanos los que se tienen que defender por sí mismos, como sociedad nos estamos metiendo en un problema», ha advertido.

Fernández ha matizado que los ayuntamientos de todos los partidos de los municipios afectados «están muy sensibilizados» y «haciendo lo que pueden», pero el «escollo» es la legislación nacional y su interpretación, que «hace inoperante la reacción de las autoridades frente a la ocupación ilegal». Por eso «la gran respuesta» depende de las Cortes para modificar la legislación.

APOYO DE LOS GRUPOS

Fernández espera que la propuesta sea apoyada el lunes por la mayoría de la Cámara en base a los precedentes sobre el mismo tema.

La «duda» es la postura que vaya a adoptar el Grupo Socialista. «Nosotros no entenderíamos que el PSOE no apoyara esta iniciativa, se mostrara ambiguo frente a este atropello de derechos», pero, según el popular, «en España el Partido Socialista está preso de sus acuerdos con los radicales de izquierda y eso a lo mejor empuja a que desde Madrid se le den instrucciones al PSC de no apoyar este tipo de medidas», ha considerado.

En su opinión, el PSOE «se equivoca» si hace eso ya que la sociedad, «la gente de bien, quieren que las instituciones actúen ante un problema tan salvaje, en el que unos viven a costa de otros».