El PP pedirá la comparecencia de Calvo por usar el BOE como un «panfleto electoral»: «Es una falta de respeto al Rey»
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avanzado este viernes que su formación pedirá la comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, por utilizar el Boletín Oficial del Estado como un «panfleto electoral» para «criticar» al principal partido de la oposición.
En declaraciones a los medios tras visitar las casetas de la Cuesta de Moyano, Casado ha calificado de «gravísimo» que la ley de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, en que se despenalizan los piquetes informativos, contenga un preámbulo en que se acusa al PP de haber aplicado un «desmantelamiento de libertades» en España.
«Jamás había pasado que en el preámbulo de una ley se criticara al partido de la oposición. Es una falta de respeto al jefe del Estado que se le pase a la firma al Rey la ratificación de una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición. Es insólito lo de este Gobierno, cruza todas las líneas rojas», ha lamentado.
En esta línea, Casado ha sostenido que la utilización del BOE va «contra las libertades y contra el pluralismo político», por lo que pedirán «responsabilidades» al Ejecutivo. Además, el presidente del PP ha lamentado que Sánchez tenga un medio más para atacar a su partido, después de hacerlo «desde las televisiones públicas y desde el Parlamento».
Casado se ha referido de esta forma a los ataques después de que la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, se quejase este mismo viernes de que se incluya una «crítica política» y un «ataque» a su formación en la exposición de motivos de la «Ley impulsada por Pedro Sánchez».
En este contexto, el presidente de los populares ha lamentado que ahora vaya «a ser legal que alguien» pueda sufrir el reventón de una luna o una rueda de su coche sin que esto «tenga ninguna repercusión».
Todo ello después de que el BOE haya publicado la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal que introdujo el gobierno Rajoy para castigar con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga.
La ley no es nueva, sino que la registró el Grupo Socialista al inicio de la legislatura en el Congreso y ha estado catorce meses en tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva en el Senado el pasado 14 de abril. La despenalización, incluida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, salió adelante en el Congreso con el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica.
