El PP mantiene su veto a Victoria Rosell y perfiles muy marcados de Podemos para poder renovar el CGPJ
Las negociaciones que capitanean Félix Bolaños, por Moncloa, y García Egea, por PP, se prologaron anoche hasta la una de la madrugada
El PP mantiene su veto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a personas con perfiles muy marcados de Podemos, como la juez y exdiputada de la formación morada Victoria Rosell. Así lo remarcan a Europa Press fuentes de la cúpula del partido, que subrayan que se trata de una condición inamovible para los populares y que trasladaron a los socialistas desde el minuto uno de negociación.
El secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, capitanean las conversaciones en esta recta final, después de que en los últimos meses hayan sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, los interlocutores habituales.
Las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la noche, la una de la madrugada de este jueves, pero no se llegó a cerrar un pacto global con todos los órganos constitucionales.
Lo urgente era el Consejo de RTVE, ya que la votación estaba programada para el Pleno del Congreso de este jueves, pero ambas partes quedaron en seguir hablando para renovar también los otros órganos constitucionales con el mandato caducado: CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Incluso en su comunicado han añadido otras dos instituciones, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El principal escollo sigue estando en el CGPJ. En la cúpula del PP admiten que nunca aceptarán en el órgano de gobierno de los jueces a personas como Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género. «Ante la mínima sospecha de un cargo vinculado a Podemos, va a ser que no», afirman rotundas fuentes del partido, que expresan también su rechazo a personas muy significadas como el magistrado José Ricardo de Prada, el juez de la condena del caso Gürtel sobre la trama vinculada al PP.
NEGOCIACIONES PARA AVANZAR EN «LA DESPOLITIZACIÓN»
El veto de nombres es una de las dificultades que sigue encima de la mesa e impide avanzar en las negociaciones. «Estamos en un momento en que nuestra posición es clara y el problema lo tienen ellos», aseguran fuentes de la dirección nacional del PP. Pero hay más, y es que en Génova añaden que están «trabajando» en otra de sus condiciones: avanzar en la despolitización de la Justicia.
Aunque el PP mantiene el hermetismo sobre los nombres que el PP ha puesto encima de la mesa, fuentes del partido admiten que en su terna de propuestas estaría el magistrado Alejandro Abascal, destinado como refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Desde Podemos responden al veto del PP a Rosell asegurando que Alejandro Abascal es «íntimo de Casado» y además le atribuyen estar detrás del caso Dina que ha salpicado a Pablo Iglesias. El partido morado también alude a la propuesta del PP de la jueza María Tardón, exconcejala del PP y colaboradora de FAES.
REPARTO DE CUOTAS ENTRE LOS PARTIDOS
Hace unos meses, cuando Justicia daba por hecho el acuerdo, se hablaba de 10 vocales a propuesta del PSOE y otros 10 a propuesta del PP, dejando la Presidencia a una persona de consenso. Los socialistas pensaban hacer hueco a nombres propuestos por Podemos en su mitad.
Ahora, con la entrada del PNV en la negociación y tras el comunicado de PSOE y PP tras el acuerdo en RTVE, se baraja que el PSOE preseleccione a nueve personas, incluyendo a Presidencia, y Unidas Podemos dos, mientras que el PP promovería otras nueve, dejando una plaza a algún nombre impulsado por los nacionalistas vascos.
Eso sí, la formación que dirige Pablo Iglesias también aboga por reservar un integrante de esta cuota a otra formación del denominado bloque progresista, y sus preferencias se decantan por Esquerra Republicana (ERC).
En todo caso, mientras que los doce jueces del CGPJ deben salir de los listados que Carles Lesmes envió en 2018, con los magistrados avalados por asociaciones o por sus propios compañeros, las otras ocho plazas son para juristas propuestos por los grupos parlamentarios y ahí hay más margen de maniobra para introducir nombres nuevos.
EL PSOE APUESTA POR UNA MUJER AL FRENTE DEL CGPJ
Fuentes populares han señalado a Europa Press que el PSOE busca que una mujer presida por primera vez el Consejo General del Poder Judicial. Para ese puesto se perfilan nombres como Pilar Teso y Clara Martínez de Careaga, según las fuentes consultadas.
A lo largo de estos meses y para facilitar la negociación y salvar los recelos del PP, el PSOE y Unidas Podemos han ido postergando sus propuestas para reformar el sistema de elección.
Primero dejaron en suspenso la idea de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir consejeros, pero después frenaron también la proposición de ley para limitar las funciones del CGPJ caducado: si el plan inicial era aprobarla este jueves en el Pleno del Congreso, ya que los partidos del Gobierno habían forzado la tramitación exprés, al final desapareció del orden del día y ha pasado a la segunda semana de marzo.
MÁS DE DOS AÑOS DESDE LA RENUNCIA DE MANUEL MARCHENA
Han pasado más de dos años desde que se filtró el sms enviado por el exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que hacía referencia al «control de la Sala Segunda desde atrás» y que dinamitó las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
El 20 de noviembre del 2018 el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el candidato pactado por el Gobierno y el PP para presidir el CGPJ, Manuel Marchena, anunciaba a través de un comunicado que renunciaba a presidir ese órgano de gobierno, defendía su independencia y se desligaba del acuerdo político.
Después de meses de bloqueo, y tras haberse celebrado ya las elecciones catalanas, que dificultaban el acercamiento, el presidente del Gobierno telefoneó el pasado miércoles 17 al líder del PP, Pablo Casado para retomar las negociaciones del CGPJ y de los demás órganos constitucionales. Ese acuerdo parece cada vez más cerca. Sin embargo, fuentes del PP avisan: «hasta que no termina una negociación no podremos decir si hay o no pacto».