El PP intentará que el Pleno del Congreso condene el caso de los ERE y reconozca que existió, pese las sentencias del TC

Pretende contrarrestar el «relato de impunidad» que jurídicamente achaca al tribunal y políticamente cree que explota el PSOE

El PP ha registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso reconozca la existencia del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía y lo condene, un texto con el que pretende contrarrestar el «relato de impunidad» que, a su juicio, pretenden establecer jurídicamente las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que exoneran de varios delitos a distintos condenados por esa causa, como los expresidentes de la Junta y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, los populares registraron su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, tres días después de que el TC exonerase toda la malversación por la que fue condenado Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el «procedimiento específico» de financiación de ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

La mayoría del Pleno estimó parcialmente sus recursos y acordó anular sus condenas al considerar que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación. En consecuencia, ordenó a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que se ajusten a Derecho.

El PP sostiene que «estas sentencias pretenden establecer jurídicamente un relato de impunidad para los gobiernos en la elaboración de proyectos de ley que tienen el objetivo de legalizar actuaciones deliberadamente dirigidas al menoscabo de fondos públicos».

LOS HECHOS FUERON PROBADOS

Pero, según recalca, «no establecen ni pueden establecer» un «relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años en los que «millones de euros públicos fueron gestionados sin control y fueron utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Junta de Andalucía».

En su iniciativa, firmada por varios diputados andaluces como el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del partido, Elías Bendodo, el PP incide en que el TC no cuestiona que esos hechos «tal y como han sido probados, se produjeron», por lo que tacha de «incomprensible» que sí lo hayan hecho altos cargos de Gobierno y del PSOE al hablar de «vil ataque de la derecha y la ultraderecha», de «cacería política» o de «montaje».

«Se ha reivindicado la inocencia de personas cuya condena ha sido solo parcialmente anulada y solo por la consideración de no ser objeto de jurisdicción ordinaria, confundiendo así inocencia con inmunidad o impunidad», denuncia el PP, que también se queja de que se hayan exigido «peticiones de perdón a personas con probada intervención en los hechos que facilitaron el desvío de millones de euros públicos a fines absolutamente improcedentes».

SÓLO SE CUESTIONA SU PERSECUCIÓN PENAL

A los de Alberto Núñez Feijóo les preocupa que «se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción jamás tuvieron lugar» o de que «los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos» cuando –enfatizan– lo que ha hecho el TC es cuestionar únicamente «la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan».

En este contexto, alerta de que «sería tremendamente grave para el discurso público y la ética de la política y de la administración de nuestro país que se diese por buena, aunque fuese a meros efectos discursivos y de opinión pública, una actuación indudablemente lesiva para los intereses públicos».

«El caso ERE existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no dentro del ámbito de lo perseguible penalmente», asevera el PP.

Por todo ello, el PP quiere que el Pleno del Congreso condene y repruebe «las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por la entidad denominada primero Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la década transcurrida entre los años 2000 y 2009».