El PP intentará que el Congreso repruebe esta semana las «insidias» de Sánchez contra los medios críticos con su gestión


También quiere que la Cámara inste al Gobierno a limitar su plan antibulos a la norma europea, «sin desarrollos subjetivos»

El PP quiere que el Congreso repruebe el miércoles las «descalificaciones, insidias e intimidaciones» que el Gobierno, y en especial el presidente Pedro Sánchez, viene dedicando a los medios de comunicación «que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso» y que defienda la labor de la profesión periodística «frente a cualquier intento de injerencia».

Así consta en la proposición no de ley que defenderán los populares en la Comisión Constitucional, con la que también buscan que la Cámara censure el Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos anunciado por el Gobierno y le emplace a limitarlo a lo contemplado en el Reglamento europeo de Medios sin «interpretaciones ni desarrollos subjetivos».

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el grupo mayoritario subraya que «cualquier ataque a los medios de comunicación supone no solo una falta evidente de respeto a los profesionales que las promueven, sino un ataque directo a las libertades» por lo que no se «pueden ni deben tolerar en ninguna democracia avanzada».

Por ello intentarán que los grupos exijan al Gobierno que «cese» en su actitud de criticar a los medios que le critican o publican cosas que no le gustan y que desista de «toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios».

RESPETO AL PLURALISMO MEDIÁTICO

Los populares hacen hincapié en que, igual que la legislación española, la europea también consagra el derecho a la libertad de expresión, «incluyendo en ésta las libertades de opinión y de comunicación de informaciones o ideas, y proscribiendo la injerencia de autoridades» y remarca que «la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo deben ser respetados».

Estos son, inciden, los objetivos del Reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado el pasado mes de abril por Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, y que el Gobierno dice haber tomado como base para sus medidas para luchar contra la desinformación y los bulos.

El PP considera que en España debe «observarse un cumplimiento estricto de todas las disposiciones del Reglamento», pero «sin dejar margen a interpretaciones ni desarrollos que puedan exceder de lo previsto en la norma» como, a su juicio, está haciendo el Gobierno con su Plan de Acción por la Democracia.

«Dicha disposición europea no pretende limitar el ejercicio de la información, sino, muy al contrario, garantizar en las entidades prestadoras de servicios de medios de comunicación y a las autoridades o entidades públicas una mayor transparencia, buscando asegurar la independencia y pluralidad de estos medios y prevenir cualquier injerencia con fines políticos», destacan desde el PP.

NI INJERENCIAS NI ARBITRARIEDAD POLÍTICA

Por ello busca que el Congreso emplace al Ejecutivo a «cumplir estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones» con todas las disposiciones del citado reglamento europeo, «garantizando el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en nuestro país, incluidas salvaguardias contra la injerencia política en la libertad editorial.

En opinión de los de Alberto Núñez Feijóo, la libertad de prensa, la independencia judicial y el respeto a los derechos de la oposición parlamentaria son «pilares esenciales» de la democracia que están siendo «objeto de una ofensiva política» por parte de Sánchez, al que achacan una «estrategia de descalificación sistemática tanto de los medios de comunicación, como de la oposición parlamentaria o el poder judicial».

En este contexto, aspiran a que se inste al Gobierno a «defender, frente a cualquier intento de injerencia» o «arbitrariedad política» la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información» y a «condenar cualquier iniciativa procedente de autoridades o de partidos políticos que, de un modo u otro, pretenda controlar, interferir, influir o condicionar el ejercicio de la libertad de prensa o restringir la difusión de opiniones plurales».

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