El PP exige al Gobierno que el plan para salvar a Correos llegue al Congreso en un decreto ley exclusivo
El Gobierno introdujo en el primer decreto ómnibus medidas para salvar a la empresa, pero PP, Vox y Junts rechazaron el paquete
El PP ha exigido al Gobierno que el plan para garantizar la viabilidad económica y financiera de Correos llegue al Congreso en un decreto ley exclusivo de materia postal y no en un paquete que incluya medidas de diferente índole.
El Ejecutivo introdujo en el primer decreto ómnibus, que fue el tumbado por PP, Vox y Junts, una disposición final que modificaba la Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. La intención de esta medida era garantizar el futuro de Correos, que bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano ha perdido 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
Entre las modificaciones legales que incluía el texto, se ampliaba el plazo durante el que Correos continuará como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal, se habilitaba a Correos a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero, además de regular el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios.
Sin embargo, PP, Vox y Junts unieron sus votos para derogar el decreto completo, incluidas las medidas referidas a Correos. El Gobierno presentó después un segundo decreto ómnibus, pero este recortó medidas y no introdujo ninguna materia relativa al servicio postal.
Así las cosas, el Grupo Popular ha registrado ahora una proposición no de ley, recogida por Europa Press y firmada por los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, en la que dice que si el Ejecutivo desea volver a abordar estas modificaciones legales, ha de hacerlo aprobando en Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de temática exclusivamente postal.
El PP defiende que al plantearse así el texto se permitiría el «necesario debate» de convalidación en el Congreso. De este modo, la petición expresa del Grupo Popular es que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley con un único contenido, relativo a la modificación de la Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, de modo que permita un debate de convalidación en el Congreso de los Diputados.