El PP defiende el contrato directo a Tragsa para derribar la Residencia «es legal» y «reduce el coste»

El PP ha defendido que la fórmula mediante la que se encargó a Tragsa el derribo de la Residencia Cantabria sin un concurso público «no es por capricho», además de que el contrato «es perfectamente legal» y «reduce el coste» de los trabajos.

Así lo ha defendido el diputado popular Miguel Ángel Vargas en el Pleno del Parlamento de este lunes, donde se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox mediante la que se exige al Gobierno regional (PP) que presente en la Cámara los informes técnicos que acrediten que era necesario contratar a esta empresa pública estatal de forma directa, «excluyendo así la competencia del sector empresarial».

Precisamente el contrato se encuentra paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), ya que la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) lo recurrió alegando que va en contra de los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.

Un argumento que han compartido este lunes algunos grupos en el Parlamento. La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha presentado la iniciativa sobre este asunto debido a que el grupo preguntó por los criterios para actuar de esta forma y el Gobierno respondió con «medio folio» que considera «una tomadura de pelo», en el que da argumentos como que se trata de «obras de conservación y protección del medio natural y medioambiental» y que Tragsa «tiene experiencia» en este tipo de demoliciones.

El Grupo Popular -como el resto- ha apoyado la PNL porque está de acuerdo con que se presente al Parlamento la documentación necesaria y con que se cumpla la Ley de transparencia, pero ha advertido que «no es cierto que no se esté cumpliendo».

«No podemos hablar de falta de transparencia», ha dicho Miguel Ángel Vargas, que entiende que «puede haber gente a la que no le guste y prefiera otras opciones» que la de contratar de forma directa a Tragsa, pero ha insistido en que «es legal, práctica y además reduce el coste».

Como ha explicado, la actuación -que forma parte del proyecto que defiende el PP de instalar un parque científico y tecnológico de la salud cerca del Hospital Valdecilla- requiere demoler el edificio actual de la Residencia Cantabria, desmantelarlo y deshacerse de una infraestructura donde hay «bastantes elementos contaminantes, entre ellos el amianto», de modo que la encomienda a Tragsa, que «está capacitada» para estas labores, no se hace «por capricho o por decisión propia, arbitraria o política». «Es totalmente lícito», y así se desprende del expediente, según ha dicho.

El PRC ha criticado que el Ejecutivo utiliza la contratación a esta empresa «para todo», en proyectos de diferentes áreas como la educación, dependencia, fomento, sanidad… «Esa es la simplificación administrativa que plantea este Gobierno: saltarse la ley de contratos», ha denunciado el regionalista Pedro Hernando.

«No engañen a los cántabros, no engañen a las empresas, no engañen al conjunto de la economía. Cumplan con los requisitos de la contratación. Oferten esas actuaciones para que las empresas de Cantabria puedan optar a ellas. Eso no es simplificar, es engañar», ha sentenciado.

En la misma línea, la socialista Norak Cruz ha añadido que encomendar el derribo de la Residencia directamente a Tragsa supone «serias dudas en cuanto al cumplimiento de los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública», por lo que ve «indispensable» que se presenten los informes técnicos.

Además, ha advertido que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló en una sentencia reciente un encargo a Tragsa para la construcción de un edificio.