El PP critica que el Gobierno use el estado de alarma para una reforma del CGPJ «que afecta a la base de la democracia»

La secretaria de Internacional del Partido Popular, Valentina Martínez, ha criticado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice el estado de alarma y la «situación excepcional del coronavirus» para una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reduce las mayorías parlamentarias en las elecciones de los vocales y afecta «a la base de la democracia».

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha criticado que el Ejecutivo pretenda tramitar «las leyes importantes» sin pasar «por el procedimiento legislativo y de control habitual». «No debería ser así, al menos en temas tan importantes que afectan a la base de la democracia y al respeto del estado de derecho como el gobierno de los jueces», ha explicado.

En este sentido, ha censurado que «en una situación excepcional» como la pandemia se pueda aprovechar «para pasar leyes sin todo el control parlamentario necesario». «Esto está ocurriendo en España», ha señalado, al tiempo que ha citado la aprobación de la nueva ley educativa, la eutanasia u otros reales decretos ajenos a la crisis sanitaria y que se han aprobado «sin el procedimiento que han tenido que tener».

Además, ha recordado la falta de control al Gobierno en el Congreso «en los últimos 70 días», con un presidente, Pedro Sánchez, «sin comparecer». «El PP va a trabajar para mejorar la calidad democrática en nuestro país», ha resaltado.

INTERVENCIÓN EN CONSEJO DE EUROPA

Martínez ha intervenido en un debate del Consejo de Europa sobre la independencia judicial en Moldavia y Polonia, en el que ha censurado a aquellos gobiernos que, con los estados de alarma o de excepción declarados por la situación del coronavirus, «han reducido, o directamente suprimido, la función de control habitualmente ejercida desde los órganos competentes en una democracia, como son los parlamentos».

En su opinión, estas decisiones pueden alterar «la división de poderes» y cercenar «el Estado de Derecho que es la base del sistema democrático». Reducir «el funcionamiento ordinario de las instituciones», ha dicho, puede a afectar también a «elementos básicos» de la democracia como la independencia del poder judicial, con «la intervención en procedimientos como el de elección de los que forman parte del gobierno de los jueces o a la aprobación de leyes» que afectan al Gobierno «sin el necesario debate parlamentario».

Por ello, Martínez ha defendido que el Consejo de Europa, especialmente a través de la Comisión de Venecia, «estudie y censure», cuando sea necesario, «la injerencia de los gobiernos», como el de España, en asuntos como la «designación unilateral y partidista de cargos en el seno del poder judicial», como la fiscalía, «que deberían ser independientes».

También ha citado otros «asuntos que erosionan la calidad» del Estado de derecho como «la merma de la capacidad del poder judicial para autogobernarse, la ampliación excesiva de los estados de alarma impuestos a partir de la pandemia del COVID-19, la acumulación de competencias por parte del Poder Ejecutivo y la falta de rendición de cuentas ante los parlamentos nacionales».

Por otra parte, la dirigente del PP ha llamado la atención para que la Comisión de Venecia «sea muy sensible ante los intentos de llevar a los parlamentos nacionales leyes que afectan directamente a la independencia del poder judicial aprovechando la situación de alarma en la que vivimos, sin el acuerdo de la oposición ni del propio poder judicial».

Martínez también ha preguntado al comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, por la «la injerencia del Ejecutivo en el poder judicial en varios estados miembros» y la reforma del CGPJ que presentaron Unidas Podemos y PSOE en el Congreso en nuestro país. «Con la situación del CGPJ estamos preocupados, y también lo está Europa», ha señalado la secretaria de Internacional del PP.