El PP critica el asilo político de Edmundo González por «quitarle un problema a la dictadura» de Maduro
González Pons reprocha al Gobierno que no reconozca la victoria del opositor venezolano
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado el asilo político que España ha brindado al opositor venezolano Edmundo González, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, porque «no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura».
«Sánchez y los oficios corruptos de ZP deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura. Lo mismo haría Cuba si se le pide», ha publicado este domingo en la red social X.
Edmundo González Urrutia ha partido de Venezuela rumbo a España este domingo en condición de asilado político, tal y como han informado los gobiernos de ambos países.
«Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya», reza el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El titular de la cartera, José Manuel Albares, ha confirmado esta información en su cuenta de la red social X, donde ha reiterado el «compromiso» de las autoridades españolas «con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos».
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha anunciado que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido «en aras de la tranquilidad y paz política».
Sobre Edmundo González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, que le había convocado en tres ocasiones en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación en Internet de documentación que acreditaría la derrota de Maduro y desmontaría los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
