El PP considera inconstitucional que el Congreso dé por aprobada la ley que convalida penas a etarras y apunta al TC
El PP considera arbitrario, pero también inconstitucional, que la Mesa del Congreso diera por aprobada la ley que convalida penas de cárcel a etarras, pese a haber sido rechazada por el Senado, y considera que se ha vulnerado el derecho de participación política de sus diputados, con lo que apunta ya a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Así se recoge en el escrito de reconsideración que el PP ha registrado en el Congreso pidiendo que la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, rectifique la decisión adoptada el pasado martes y que el rechazo del Senado sea considerado un veto que, como tal, obligue a un nuevo debate en el Pleno del Congreso para levantarlo antes de dar por aprobada la ley de forma definitiva.
Se trata de la ley que inicialmente fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta.
UN VETO INUSUAL POR NO PRESENTADO
El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la secretaría general, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.
Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
Y ahora el PP pide reconsiderar esa decisión de la que «discrepa profundamente» porque entiende que es un «desatino jurídico» que «no se ajusta a Derecho» y «desprecia la voluntad mayoritariamente manifestada» del Senado.
«Despreciar ese acto de una de las Cámaras es un hecho sin precedentes que debe ser revertido inmediatamente por las graves consecuencias que un conflicto constitucional entre ambas instituciones necesariamente comporta», subraya el PP en su escrito de reconsideración, al que ha tenido acceso Europa Press.
DECISIÓN ARBITRARIA Y DISCRECIONAL
Pero además, incide en que esa decisión promovida por la Mesa de la Cámara resulta «discrecional» con relación a los cuatro representantes del PP, ya que el asunto no figuraba en el orden del día, no contó con el preceptivo informe jurídico por escrito ni se les informó del tema con las 48 horas de antelación que establece el reglamento.
Es decir, que se vulneró el derecho a la participación política que recoge el artículo 23.2 de la Constitución, impidiendo que pudieran ejercerlo tanto los cuatro miembros del PP que son minoría en la Mesa del Congreso, como todos los demás diputados, que se han quedado sin votar una ley que ha sido rechazada por el Senado.
El escrito del PP se verá en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara Baja, pero ya la mención al derecho de participación política apunta a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucuonal en caso de que el órgano de gobierno de la Cámara no atienda su exigencia de rectificación.
