El PP busca que el Congreso apoye la Transición y a las víctimas de ETA y censure el «acoso» a las instituciones

En otra propuesta, pide reducir, al menos, un tercio de los ministerios con la correspondiente disminución de altos cargos

El Partido Popular busca que el Congreso de los Diputados promueva la defensa de la Transición e intensifique el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como «referente ético» del sistema democrático. Además, plantea que la Cámara Baja censure el «acoso» del Gobierno de Pedro Sánchez a las instituciones y garantice la «independencia» de las mismas.

Así se recoge en las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra en el marco del Debate sobre el estado de la Nación y que se votarán este jueves en el Pleno del Congreso.

El primer partido de la oposición también ha presentado propuestas para combatir la inflación, el sector energético, contra la ocupación ilegal, a favor de reducción del gasto público improductivo y en materia de sanidad y discapacidad. También hay una iniciativa sobre política exterior y defensa, así como otra sobre vertebración del territorio mediante el transporte público.

CONTRA LA REVISIÓN DE LAS BASES QUE SOSTIENEN LA DEMOCRACIA

El PP, que ha denunciado estas semanas el pacto entre el Gobierno y Bildu en la Ley de Memoria Democrática, ha presentado una resolución –bajo el título modelo constitucional y víctimas del terrorismo– en en la que critica las «pretensiones de algunos grupos de revisar las bases fundamentales que sostienen la construcción» de la democracia española.

Por eso, los populares piden que el Congreso inste al Gobierno a «promover la defensa de la Transición y de sus acuerdos como «base fundamental de la concordia entre españoles y superación de la dictadura franquista».

También pide que defienda la Constitución como «piedra angular» del sistema democrático y garantía de la libertad e igualdad de todos los españoles, así como que defienda el Estado de las Autonomías, uno de los modelos de «descentralización que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país».

En la misma iniciativa, el PP emplaza al Ejecutivo a «intensificar al reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético» del sistema democrático español «adaptando la legislación española a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes de ETA y reforzando las políticas de prevención, cooperación internacional y persecución contra el terrorismo yihadista».

En esa resolución reclama en último lugar al Gobierno que promueva una «cultura democrática que rechace todos los totalitarismos que forman parte de la peor historia» de España y de Europa, y que rechace también «todos los métodos violentos que han intentado destruir» la democracia con «la persecución y el asesinato de cientos de españoles».

«CESAR EL ACOSO E INTERVENCIONISMO A LAS INSTITUCIONES»

En otra propuesta para «garantizar la independencia y la neutralidad» de las instituciones», el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a «cesar de manera inmediata el acoso e intervencionismo hacia las instituciones», y «garantizar la independencia e imparcialidad de autoridades independientes y organismos de regulación existentes en España».

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas semanas ha denunciado el «asalto» del Gobierno al CIS, la Fiscalía, el INE, el CNI o Indra, pide también en el mismo texto al Gobierno «elaborar la normativa necesaria para reforzar la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad de todas las instituciones y organismos de la Administración Pública para que cumplan con objetividad su servicio a los intereses generales».

El Grupo Popular reclama en otra propuesta de resolución reducir el gasto público improductivo, con medidas como «acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios, con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores».