El PP asegura en un informe que Sánchez debió declarar emergencia nacional el martes y alertar a la población
Los populares consideran que el Gobierno de España «no puede mirar para otro lado» y «no asumir su parte de responsabilidad»
El PP considera que la DANA que ha asolado varias autonomías, en especial la Generalitat valenciana, es una «una emergencia de interés nacional» y así debería haberla declarado el Gobierno en «la tarde noche del martes 29 de octubre», asumiendo su parte de responsabilidad en las acciones preventivas y de alerta a la población. Además, avisa que «no hay un límite temporal para esa declaración de emergencia y, por lo tanto, «está a tiempo» aunque «sea con retraso».
«El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar», asegura el PP, que señala que el Ejecutivo «dispone de la información y la capacidad con sus medios de seguimiento para valorar la gravedad de los riesgos» en todo el territorio.
Así se recoge en una nota informativa que ha elaborado el PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, en medio de las críticas que han empezado a cruzarse Gobierno y oposición sobre la responsabilidad de la declaración de emergencia ante la DANA, que ha provocado más de 200 fallecidos.
OTRAS EMERGENCIAS ESPAÑA COMO VOLCÁN DE LA PALMA O FILOMENA
En primer lugar, el PP recuerda el marco normativo ante esta catástrofe, empezando por la Ley 17/2015, de 09 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil» (SNPC); el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica Protección Civil» que regula las bases para «la mejora de la coordinación y eficacia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas»; o la resolución del Ministerio de Interior de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, que recoge el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM).
A renglón seguido, repasa las «grandes emergencias» desde la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) de 2015 (al margen de la pandemia que fue considerada emergencia sanitaria), como la erupción volcánica de La Palma en septiembre de 2021, la borrasca Filomena en enero de 2021, que afectó a varias comunidades; e incendios forestales como el de Losacio (Zamora) en junio de 2022.
También recuerda inundaciones, como las crecidas del Ebro en 2018, 2021 y 2024, y las inundaciones en Cantabria en 2019, dejaron cuantiosos daños materiales, pero no hubo que lamentar víctimas mortales en ninguna de ellas. Además, añade que «en 2018, en la localidad de Sant Llorenç (Mallorca) hubo trece muertes»; «en 2019 una DANA que afectó principalmente a las provincias de Alicante y Murcia provocó siete muertos»; y en 2023 «una DANA provocó 6 muertes en Madrid y Toledo».
En ninguna de estas emergencias, prosigue el PP, «se tuvo desde el primer momento la percepción tan clara como en la del pasado martes 29 de octubre de la enorme magnitud de la catástrofe», ya que, según destaca, las imágenes «no dejaban lugar a duda de que las consecuencias iban a ser trágicas».
EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL
El PP sostiene que la norma básica de Protección Civil establece en su artículo 9 que el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) «es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil, y contiene el marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización de capacidades y el esquema de coordinación y dirección de las Administraciones Públicas.
Destaca también que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), como centro directivo gestor del PLEGEM, y su Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), funcionan ordinariamente en modo de alerta y seguimiento permanente, en conexión, igualmente permanente, con los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas.
De acuerdo con su naturaleza, prosigue, el PLEGEM «está siempre activado en esta fase de alerta y seguimiento permanente», de forma que «el Gobierno de España dispone de la información y la capacidad con sus medios de seguimiento para valorar la gravedad de los riesgos» en el territorio.
El PP recuerda que cuáles son las emergencias de interés nacional, según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil: las que requieran «para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio»; las que sea «necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico»; y las que «por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional».
«NO HAY LÍMITE PARA LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL»
El PP recalca que se cumple el segundo y tercer punto teniendo en cuenta que en la DANA de esta semana «ha habido fallecidos en tres CCAA y han sido afectadas en menor medida otras», «ha requerido aportación de recursos a nivel supraautonómico» y «las dimensiones efectivas y previsibles ya la misma noche del 29 al 30 de octubre se vio que requerían una dirección de carácter nacional».
Eso sí, recalca que «no hay un límite temporal para la declaración de Emergencia de Interés Nacional», por lo que «el Gobierno de España está a tiempo de asumir su responsabilidad, aunque sea con retraso».
«Si después de esta catástrofe, no se declara Emergencia de Interés Nacional, habría que suprimir los puntos 2 y 3 del artículo 28, aceptando que este Gobierno nunca asumirá su responsabilidad», agrega.
El PP resalta también que el artículo 29 de la Ley de SNPC indica que «corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas».
Y advierte de que «la cantidad de medios intervinientes en esta emergencia» provocada por la DANA hace «muy complicada su coordinación para los servicios de emergencias de una comunidad». Además, subraya que muchos de estos medios «son muy específicos, como la cantidad de medios aéreos que han participado en las primeras horas, con la gran dificultad en la coordinación y control que ello conlleva».
Según el PP, el Gobierno dispone de «una herramienta especializada y perfectamente entrenada en Mando y Control para grandes catástrofes como es la UME», tal como viene especificado en el articulado del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM).
«LA DIRECCIÓN CORRESPONDE AL MINISTRO DEL INTERIOR»
El PP admite que un punto que «llama la atención» es el anuncio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, formará parte del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) establecido por la Dirección del Plan de la Comunidad Valenciana. «Es decir, quien debería haberse hecho cargo de la Dirección de la Emergencia según la Ley SNPC (artículo 30), pasa a ser un elemento de coordinación de la Comunidad con el Estado», resalta.
Por todo ello, el PP asegura que el Gobierno de España «no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad» porque esta catástrofe es «una emergencia de interés nacional, donde la dirección corresponde al ministro del Interior y la Dirección Operativa al Teniente General de la UME y así debería haberla declarado el Gobierno de España la tarde noche del martes 29 de octubre, una vez comprobado el impacto de la DANA».
«Si se habla de prevención o anticipación, el Gobierno de España debería establecer normativa para regular en qué situaciones las CCAA pueden realizar avisos a la población y qué implicaciones tiene sobre la actividad de las empresas, colegios, medios de transporte, etc», finaliza.