El PP apela al Congreso para retrasar la salida de España de la Carta de Energía y coordinarse con Europa

Asume que es un instrumento «obsoleto», pero rechaza una marcha en solitario en aras de la seguridad jurídica

El PP defenderá el jueves en el Congreso retrasar la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) que el Gobierno quiere acelerar, porque es partidario de que se negocie una retirada coordinada con el resto de los Estados de la Unión Europea en aras de garantizar una «mayor seguridad jurídica».

En concreto, el Grupo Popular defenderá una enmienda a la totalidad presentada a la denuncia del Gobierno al Tratado de la Carta de la Energía de Lisboa de 1994, un acuerdo multilateral del que forman parte la mayoría de Estados miembros de la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y del que el Gobierno quiere salir por no adaptarse a los objetivos de la transición energética.

Aunque el PP comparte la opinión del Parlamento Europeo y cree que la Carta es un «instrumento obsoleto que no sirve a los intereses de la Unión Europea», también recuerda que la Eurocámara cree que es preferible una «salida coordinada» con el resto de los Estados miembro de la Unión Europea para tener «más fuerza en las negociaciones de retirada».

«Una retirada coordinada y en conjunto con el resto de países de la Unión nos dotaría de mayor seguridad jurídica como país y nos devolvería a la centralidad energética europea alejándonos de las excepcionalidades actuales», justifica el PP en su enmienda, recogida por Europa Press.

Pero este no es el único motivo por el que el Grupo Popular pide aplazar la salida de España. También alegan que la tramitación por el procedimiento de urgencia que ha llevado a cabo el Gobierno «no está suficientemente sustanciada».

SEÑALAN A LAS PRIMAS A LAS RENOVABLES

El Gobierno justificó el trámite de urgencia porque las denuncias al tratado surten efecto pasado un año y consideró oportuno acelerar los trámites para salir «cuanto antes». Pero el PP indica que las disposiciones del TCE relativas a las inversiones continuarán siendo de aplicación durante 20 años una vez denunciado el tratado.

Y es que, una de las bases por las que el Gobierno quería retirarse de la Carta de la Energía era para evitar reclamaciones millonarias de inversores extranjeros en infraestructuras energéticas que el tratado protege, sobre todo relacionadas con combustibles fósiles. El Ejecutivo denunció que la Carta de Energía es la base jurídica por la que se han interpuesto 51 arbitrajes contra España por valor superior a los 10.000 millones de euros.

Sin embargo, el PP indica que esos arbitrajes se han producido por infringir el artículo 10 del tratado, relativo a la promoción, protección y trato de las inversiones, a través de las primas a las energías renovables que se aprobaron bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que crearon «una burbuja de grandes rentabilidades para los inversores».

«El TCE no ha protegido a en España inversiones en combustibles fósiles, sino que ha protegido a grandes fondos internacionales por la inseguridad jurídica promovida por el Gobierno de España, principalmente en el año 2010», denuncia el PP.

VARIOS PAÍSES YA HAN ANUNCIADO SU SALIDA

España no es el único país que quiere salir de este tratado. Y es que, 30 años después de su firma, el acuerdo ha provocado el rechazo de varios Estados Miembros por no adaptarse a los objetivos de la transición energética.

Además del Parlamento Europeo, la Comisión Europea también solicitó el año pasado la retirada del acuerdo de sus respectivos miembros y países como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo ya han solicitado su salida.