El PNV propone una ley para vincular al jefe del CNI con el presidente del Gobierno y reforzar el control judicial

El PNV ha presentado una proposición de ley en el Congreso para reformar la legislación sobre el centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el fin de vincular a su director con el presidente del Gobierno y así dejar claro quién es el responsable político, y para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje.

La iniciativa ha sido anunciada por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien considera que, tras la polémica por el supuesto uso del sistema Pegasus para espiar la políticos, conviene ser prácticos y hacer propuestas para mejorar la ley en lugar de insistir en el «ruido».

El dirigente nacionalista cree que, 20 años después de la última legislación sobre el CNI, es hora de actualizarla y dar pasos que no se dieron en su momento. Todo ello dejando claro que su propuesta no busca «atacar» al servicio de Inteligencia, cuya continuidad y utilidad no pone en duda.

El primer cambio de su ley pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que conllevaría elevar la responsabilidad política de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.

INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS USADOS

En cuanto al control parlamentario del CNI, que ejerce la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje. Hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de Pegasus .

Esteban ha incidido especialmente en el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez del Supremo, encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables. El PNV propone que sean tres magistrados y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.

También quiere que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.

Y es que, según Esteban, si el juez del Supremo hubiera sabido de las consecuencias que conlleva el programa Pegasus, no habría autorizado su uso. «Se me hace difícil pensar que un juez con conocimiento de lo que supone Pegasus lo hubiera utilizado», ha señalado.

Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.