El PNV pide en el Congreso fijar penas de seis meses a un año de prisión para okupas y desalojos en 48 horas

Los nacionalistas vascos vuelven a intentar que se endurezcan los castigos por estos delitos

El PNV ha hecho un nuevo intento de que se cambie la ley para endurecer los castigos por el delito de okupación de inmuebles y agilizar los desalojos, de manera que se puedan imponer penas de prisión de entre seis meses y un año a quienes ocupen inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada y que se fije un plazo máximo de 48 horas para que los juzgados adopten motivadamente la medida de desalojo.

Así consta en dos de las enmiendas que los nacionalistas vascos han presentado al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, que se tramita en el Cámara Baja.

El grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban aprovecha esta ley para volver a poner sobre la mesa sus propuestas en esta materia. Para salir adelante deberán contar con el apoyo del PSOE o del PP, ya que socios del Gobierno como ERC, Bildu y Podemos están en contra de este tipo de iniciativas.

COOPERADORES NECESARIOS

En concreto, según los escritos registrados, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PNV pide modificar el artículo 245 del Código Penal, que actualmente prevé de tres a seis meses de multa por ocupación de inmuebles que no constituyan morada, para que pasen a ser de seis a doce meses de prisión.

Éstas deberán imponerse en su grado superior si la ocupación ilegal dura más de 15 días o se produce escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, fractura de puerta, ventana, forzamiento de cerraduras, uso de llaves falsas o inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

Además, el PNV quiere castigar a quién con ánimo de lucro promueva, favorezca o intervenga para que otra persona ocupe un inmueble. En concreto, pide para estos penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis meses a un año, sin perjuicio de las penas en que pudieran incurrir por la violencia que hubieran ejercido. Si la ocupación la realiza un grupo organizado sugiere penas de entre seis y 18 meses de cárcel.

En otra de sus enmiendas inciden en la conveniencia de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir un nuevo artículo que establezca que en los casos de ocupación de vivienda el juzgado adopte «motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar por parte de la persona física propietaria o poseedora legítima por otro título del inmueble, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble».

EL PSOE PLANTEÓ 24 HORAS

«Acordado el desalojo y antes de su ejecución, se dará cuenta a los servicios públicos competentes en materia de política social a los efectos de facilitar el realojamiento atendiendo a la especial vulnerabilidad de los ocupantes o demás circunstancias del caso», añade la enmienda.

En paralelo, los nacionalistas vascos han registrado otra enmienda para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble se incluyan en la lista de delitos de enjuiciamiento rápido.

El PSOE llegó a registrar una enmienda la pasada legislatura para permitir desahucios en 48 horas, pero limitado a casos de allanamiento de morada, no a personas que no pudieran afrontar el pago de un alquiler o una hipoteca, pero sus socios de Unidas Podemos adelantaron su voto en contra. El PP fue más allá y abogó por permitir desalojos a las 24 horas, mientras que Vox habló de dar «una patada en el culo a los okupas», aunque sin precisar cómo.

Pero esas propuestas decayeron con la disolución de las Cortes para las elecciones generales de hace un año. En marzo, el PNV ya registró estas enmiendas, pero al proyecto de ley derivado del decreto ley de medidas urgentes en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que fue convalidado por el Congreso a finales de enero y que después se tramitó como proyecto para abrir la puerta a introducir cambios.

Las enmiendas a ese proyecto de ley se registraron en marzo, pero la tramitación permanece congelada desde entonces, por lo que el PNV ha optado por volver a plantear sus peticiones aprovechando la presentación de enmiendas a la ley de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia.