El PNV lleva al Pleno del Congreso su ley para vincular políticamente al director del CNI con el presidente del Gobierno
También busca reforzar el control judicial de las actividades del CNI, tras la polémica por el caso Pegasus
El PNV llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que la dirección de los servicios de espionaje dependan orgánicamente del presidente del Gobierno y no de un ministro, como ahora ocurre con Defensa. La reforma, que se debatirá y votará el martes, día, 24, también incluye medidas para reforzar el control judicial de las actividades de los servicios de espionaje.
No es la primera vez que los de Aitor Esteban traen esta propuesta a la Cámara Baja, que ya fue rechazada la pasada legislatura con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE tampoco la apoyó reivindicando que lo deseable sería que este tipo de reformas se impulsen desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos.
En aquel momento, acababa de salir a la luz la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa Pegasus , un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa. Ambas eran personas de confianza de la ministra Margarita Robles.
REFORZAR EL CONTROL JUDICIAL
Ante esta situación, el primer cambio legislativo que quiere impulsar el PNV pasa por establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del propio presidente del Gobierno, lo que conllevaría elevar la responsabilidad «política y directa» de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.
En cuanto al control parlamentario del CNI, que actualmente recae sobre la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje, ya que hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de Pegasus .
En la reforma, recogida por Europa Press, el PNV propone además que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez del Supremo –encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables–, se lleve a cabo por tres magistrados del Alto Tribunal y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.
También busca que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.
Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.
