El Pleno del CGE apoya la prohibición de fumar en los coches, la jubilación a los 60 años y reafirma la lucha por el A1
El Pleno del Consejo General de Enfermería (CGE) ha mantenido este lunes una reunión, como paso previo a la Asamblea General (17 diciembre), en la que ha abordado temas como la «discriminación histórica» del nivel A1 que se «niega» a los enfermeros, la necesidad de la jubilación anticipada de los profesionales del sector a los 60 años o el apoyo a la medida que contempla el ministerio de Sanidad de prohibir el tabaco en los coches.
Sobre el nivel A1, la organización ha reclamado el acceso de los enfermeros a este nivel porque «es una titulación de grado como otras disciplinas con los mismos años de formación» que permite la Administración Pública. Además, la reunión ha servido para aprobar distintas resoluciones que contribuirán al desarrollo y ordenación profesional de las enfermeras en distintos ámbitos sanitarios, así como una modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y de la Ley del Medicamento, ya que contemplan circunstancias y nomenclaturas no ajustadas a la realidad actual.
En este sentido, por ejemplo, solicitan acabar con la clasificación de las profesiones sanitarias entre licenciados y diplomados, pues esas distinciones académicas ya han desaparecido. La propuesta de modificación se va a enviar próximamente a los colegios provinciales para que puedan hacer sus aportaciones.
Ante las últimas noticias de un posible fraude en un examen de Enfermería Familiar, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha sido cauteloso porque ha afirmado que todavía no pueden posicionarse de una forma clara y contundente, debido a la falta de información, aunque ha añadido que pedirán «explicaciones» al ministerio.
«Estamos en contacto con los afectados y trabajando con nuestra asesoría jurídica para estudiar si es necesario emprender alguna acción desde el punto de vista legal. Si fuera preciso actuaremos con toda la contundencia necesaria. No obstante, vamos a exigir explicaciones inmediatas a los ministerios implicados y a poner adisposición de los colegiados nuestra asesoría jurídica y la de toda la Organización Colegial», ha manifestado.
Sin embargo, ha lamentado que, tras quince años esperando la prueba que consolide la especialidad, «esté sumida en la polémica». «Es una vergüenza y estamos muy disgustados con lo sucedido este fin de semana, porque es algo que no merecen los más de 30.000 profesionales que se presentaban al examen», ha concluido.
