El Pleno de Santander debatirá una moción para revisar los criterios económicos y jurídicos del servicio de Parques

El Pleno de Santander debatirá este jueves la moción conjunta suscrita por los grupos PSOE, PRC e IU-Podemos para la revisión de los criterios jurídicos y económicos en el servicio de Parques y Jardines tras la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a la empresa 2,3 millones de euros y otros 600.000 en intereses, con un perjuicio total de 5 millones y otros 2 en intereses.

Con esta iniciativa, los grupos pretende «detener la bola de intereses» para evitar así un mayor daño a las arcas municipales, han explicado este miércoles en un comunicado.

En la iniciativa también exigen a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que «determine y depure» todas las responsabilidades políticas por el perjuicio al erario público, que elevan a 5 millones en retenciones improcedentes y otros dos millones de euros en intereses.

Además, la moción insta a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir la sentencia y evitar nuevos costes en intereses de demora, así como a restituir la situación en el Servicio de Parques y Jardines y asegurar una normalización de los contratos de servicios públicos esenciales «incidiendo especialmente en una correcta fiscalización de los mismos durante la vigencia de los contratos».

En su exposición de motivos, los grupos desgranan la reciente sentencia judicial y consideran que existe una responsabilidad política por «un impulso extemporáneo de la fiscalización del contrato que fue para cubrir las propias carencias en el control de un gran contrato público» y «a través de un procedimiento distinto al recomendado por la Intervención General y por los propios pliegos del contrato».

Asimismo, por la contratación de «un informe por contrato menor que, a pesar de concluir la improcedencia de los descuentos, no sirvió para corregir la dinámica de retenciones indebidas y simplemente fue incorporado al expediente administrativo enviado al Juzgado para contradecir finalmente al informe de Intervención que guió las decisiones políticas».

Una actuación, agregan, que culminó con los acuerdos en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el 16 de agosto y el 6 de septiembre de 2021, declarados nulos por la justicia.

En el mismo sentido, consideran que el fallo acredita «el irregular procedimiento de penalización a la empresa, impulsado desde la Dirección General de Medio Ambiente», y con una «intencionalidad de salvaguardar la ausencia de fiscalización durante la vigencia del contrato», así como un Plan de Acción que se apartó de las recomendaciones del informe de Intervención y del propio pliego.

De forma añadida, socialistas, regionalistas e IU-Podemos alertan de que los descuentos se siguen produciendo desde mayo de 2021 hasta ahora, incluso tras la entrada en vigor del nuevo contrato, por lo que las deducciones improcedentes acumuladas ascenderán a más de 5 millones de euros y los intereses de demora superarán los dos millones de euros, según sus cálculos.

«Visto el contenido de esta sentencia, los grupos firmantes consideramos que no es opinable que el fallo acarrea un perjuicio para las arcas públicas municipales, por un irregular y negligente Expediente Administrativo impulsado desde la dirección política municipal», que desembocó en la citada condena.

En consecuencia, «en defensa de los intereses municipales y para que no sean los santanderinos quienes tengan que hacer frente con sus impuestos al grave perjuicio económico», la moción subraya «la necesidad de determinar la responsabilidad de esta negligente gestión».

La moción añade que el Partido Popular ha ostentado la Alcaldía y la mayoría de la Junta de Gobierno Local en todo el periodo afectado, tiempo en el que «hizo caso omiso a todas las advertencias previas, tanto del ingeniero técnico municipal de Parques y Jardines como de los portavoces, en los plenos celebrados desde el año 2021 en los que se aprobaron las facturas.

Del mismo modo, señalan «la responsabilidad del PP en que se haya prolongado durante prácticamente cinco años la prestación en precario del servicio como consecuencia del desistimiento en 2020 de la adjudicación que habría correspondido a la nefasta licitación del año 2019».

«Y hubo avisos, de nuevo, tanto del comité de empresa del servicio de Parques y Jardines como de los partidos políticos sobre la insuficiencia de la oferta ganadora para cubrir los salarios de la plantilla», han recordado.