El Pleno de Santander aprueba limitar la instalación de gasolineras en zonas residenciales

El Ayutamiento da el bueno a crear una mesa de gestión de la Marisma de Alday

El Pleno de Santander ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regula, limitando y alejando, la distancia entre gasolineras y zonas residenciales. La propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

La modificación limita en el suelo de uso dominante residencial la construcción de gasolineras solo a los supuestos que protege la ley del sector de hidrocarburos, o sea, vinculadas a usos comerciales.

La solicitud de licencia para la implantación de gasolineras o estaciones deberá ir acompañada de un estudio de impacto sobre seguridad de personas y bienes; y tráfico. La licencia podrá ser denegada si el informe técnico sobre cualquiera de estos aspectos fuese desfavorable.

Por otro lado, según ha anunciado el concejal de Urbanismo y portavoz de Cs, Javier Ceruti, la semana que viene se iniciará la tramitación de otra modificación puntual del PGOU para limitar la instalación de gasolineras en suelos productivos.

En el debate, el PSOE ha censurado que la modificación es «completamente insuficiente» porque permitirá la instalación de gasolineras «como las que se han autorizado a la puerta de colegios y viviendas». Sin embargo, como el nuevo régimen de distancias puede excluir a alguna gasolinera concreta que había solicitado licencia en suelo residencial –hay nueve solicitudes de instalación actualmente–, «con una sola que se evite, por responsabilidad, tenemos la obligación de apoyarlo», ha indicado su portavoz, Daniel Fernández.

Por su parte, Vox se ha abstenido porque en su opinión la iniciativa «se queda muy corta» ya que a su juicio «es un error» y «no se arregla nada» limitando la instalación en suelos residenciales sino que debería hacerse «en cualquier suelo» pues la distancia de seguridad debería considerarse en relación con las personas y lugares especialmente vulnerables –colegios, centros sanitarios, etcétera– y no pensando en la calificación del suelo. Los grupos han rechazado una enmienda de Vox en este sentido, «improcedente» a juicio del PP.

Ceruti ha insistido en que la modificación es «la única solución, aún con riesgo de ser anulada», mientras que la definitiva está en manos del Gobierno de España que es de quien depende la Ley de Hidrocarburos.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado, sin ningún voto en contra, la moción presentada por el Grupo Socialista para realizar un estudio sobre las necesidades de instalación de mobiliario urbano.

De este modo, la Concejalía de Obras deberá realizar un estudio, en el plazo de tres meses, sobre las necesidades de instalación de sillas, bancos, papeleras, bancos inclusivos y bancos cubiertos para las zonas soleadas, así como fuentes de agua, con la colaboración de las asociaciones de vecinos y del Consejo de Personas Mayores; y abrir la consulta a los vecinos a través de la web municipal para informar de deterioros y quejas o solicitar la instalación de bancos y fuentes.

El PP presentó una moción transaccional para que sea el servicio de Parques y Jardines el que se ocupe, como sucede ahora, que fue rechazada por el PSOE que acusó a los populares de tratar de «saltarse la participación» ciudadana. Para la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), la iniciativa «no presenta nada que no se esté haciendo ya», y ha replicado que «la participación existe y funciona». Al hilo ha informado que el año pasado se han colocado 31 bancos y 43 papeleras a propuesta de los vecinos.

También ha salido adelante una moción del PRC para crear una mesa de gestión de la Marisma de Alday, que ha sido aprobada con una transaccional del PP por 19 votos a favor (PP, PRC, Cs y UxS), los siete votos en contra del PSOE y la abstención de Vox.

En concreto, se prueba la creación de una Mesa con todas aquellas administraciones y entidades involucradas en su gestión y afección, con el fin de mantener y ampliar la extensión de la marisma y realizar acciones conjuntas de mejora medioambiental. Y que con la participación de todas las administraciones y entidades, se elabore un documento que defina las responsabilidades y competencias de cada una para agilizar la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones.

Los socialistas no han apoyado la iniciativa porque en su opinión «no es el momento, ni el planteamiento ni la forma», y han asegurado que «no comparten la moción» ni el Ayuntamiento de Camargo –donde están la mayoría de los terrenos–, ni el Puerto de Santander ni la Consejería de Industria –con el PRC al frente–, ni el Gobierno PRC-PSOE; y tampoco se ha consultado a Adif, a Aena ni a los propietarios de los terrenos.

La que no ha prosperado ha sido la moción regionalista para construir un aparcamiento en altura removible en la calle Alta, en el solar de la antigua Prisión Provincial, con 13 votos en contra (PP y Cs), ocho abstenciones (PSOE y UxS) y seis a favor (PRC y Vox).

Las críticas se han centrado en el alto coste –de más de dos millones de euros según el PP– para un aparcamiento provisional, teniendo en cuenta que la Sociedad Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado S.M.E., propietaria del terreno en el que se contempla la construcción de vivienda –también social– y un aparcamiento subterráneo, ya está trabajando en el proyecto de urbanización y compensación, pendiente ahora de la resolución del expediente de expropiación forzosa, con lo que «toda la gestión urbanística podría estar concluida este año», ha apuntado el portavoz popular, César Díaz.

El PRC ha defendido esta solución provisional de aparcamiento –que ha cifrado en tres o cuatro años– para «dignificar» el espacio «en decadencia» donde se instalaría, además de que la estructura podría moverse a otras ubicaciones.

Finalmente, entre otras mociones, se ha aprobado la moción de Unidas por Santander (UxS) para mejorar la seguridad en el Cementerio de Ciriego del Memorial por los republicanos fusilados. Todos los grupos han condenado los actos vandálicos sucedidos y el PP ha informado que ya se han instalado cinco cámaras de vigilancia en todo el cementerio y se ampliarán en función de la disposición presupuestaria.

La moción también pide la inclusión del espacio en el Inventario de lugares de memoria democrática de Cantabria, y la implicación directa del Gobierno autonómico en las tareas de identificación y memoria de todas las personas represaliadas que descansan en dichas fosas comunes. El PP ha replicado que esta petición es competencia de la Dirección General de Memoria Histórica y Democrática, así como que el Ayuntamiento ya informó en 2008 de localizaciones que pueden contener restos humanos en el cementerio civil.

Por otra parte, en respuesta a una pregunta de todos los grupos de la oposición y de Cs sobre la reunión de la alcaldesa, Gema Igual, con las asociaciones de vecinos en el patio del Ayuntamiento, el PP ha explicado que era una sectorial y que el coste fue de 15,6 euros por invitado, que es «el importe habitual».

Frente a las críticas de que a dicho acto no se invitó a los grupos, Igual ha explicado que era una sectorial como todas las que se han celebrado anteriormente, que «no tenía carácter político sino de gestión», y que se invitó a «todas» las asociaciones de vecinos. También ha defendido que se ofreciera «un pincho» a los asistentes.