El plazo para el abono de la fianza de 5,4 millones para ex cargos del Govern vence a las 00.00 horas del jueves

El tribunal de cuentas rechazó ampliar el plazo para la entrega de las cantidades y la Generalitat no encuentra banco que avale su fondo

Los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas embajadas catalanas y Diplocat tienen de plazo para consignar las cantidades reclamadas hasta las 00.00 horas del próximo jueves, según han señalado a Europa Press fuentes del órgano contable.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas, a lo que se une el rechazo del propio tribunal de cuentas a ampliar el plazo inicialmente fijado, que según la instructora del expediente se considera «razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado».

Fuentes del Tribunal de Cuentas añaden que, dado que el plazo de entrega de las cantidades fijadas en la liquidación provisional se extiende durante todo el día de mañana, es posible que este órgano no de cuenta de su eventual entrega o no hasta el próximo jueves. Posteriormente, y siempre que se entregue la fianza, el órgano contable deberá responder si con esta entrega se da por asegurada o no la cantidad reclamada.

La instructora del órgano fiscalizador dio el pasado 30 de junio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos –entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras– para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

INICIATIVA DE LA GENERALITAT

En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Tras admitir que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo, Giró ha señalado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto. «Persistiremos en las diferentes vías abiertas ha indicado sin más.

Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press insistieron en todo caso correspondería a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

5,4 MILLONES ENTRE 34

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

PLAZO PARA DEMANDAS

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat– y las demás acusaciones –Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes– para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, al que por turno le correspondió este asunto.