El PDeCAT pide que la fiscal se pronuncie en el Congreso sobre la incautación de material a periodistas en Baleares

El PDeCAT quiere que la fiscal general del Estado, María José Segarra, se pronuncie en el Congreso sobre el derecho constitucional al secreto profesional, después de la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

Los independentistas catalanes han solicitado su comparecencia en la Comisión de Justicia para que opine sobre «el derecho constitucional al secreto profesional sobre las fuentes de información de los periodistas, después de las entradas y registros en medios de comunicación baleares, y de requisar los móviles de dos periodistas», según reza la solicitud registrada en la Cámara Baja y recogida por Europa Press.

Esta misma semana, Segarra defendió que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y también por el secreto de las fuentes periodísticas, pero dijo no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información.

«NUESTRA INTENCIÓN NO ES VULNERARLO»

«La Fiscalía y los jueces clarÍsimamente velamos por esa libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo», manifestó al ser preguntada por el amparo constitucional de estos derechos tras los registros llevados a cabo por la Policía Nacional en los citados medios.

Agentes de Policía Nacional se presentaron el pasado martes en la sede de Europa Press en Palma de Mallorca para exigir la entrega del material requerido en una resolución judicial del juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, que contó con apoyo de la Fiscalía.

Pese a que se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional, en ejecución del auto judicial se incautó del teléfono móvil de la periodista Blanca Pou, junto con su tarjeta SIM y su tarjeta, dos ordenadores propiedad de la empresa, un pendrive de la citada periodista y diversa documentación en papel. Asimismo, le exigieron que les facilitase las claves de acceso a dicho teléfono, la tarjeta SIM y la caja fuerte de Android del mismo.

QUERELLA CONTRA EL JUEZ

Por lo que respecta al Diario de Mallorca , ese mismo día se requirió al periodista de este periódico José Francisco Mestre la entrega de su teléfono móvil y sus claves de desbloqueo, después de convocarle para que acudiera a la sede de los Juzgados.

Ambos medios y los referidos periodistas presentaron este jueves una querella en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez Florit por considerar que su auto constituye «un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia» y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista «disparatada e insólita».