El Parlamento rechaza una investigación sobre Obras Públicas al ver «depuradas» las responsabilidades políticas

Buruaga afirma que «no vamos a convertir esta autonomía en la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma»

El Pleno del Parlamento ha rechazado este lunes la proposición no de ley de Vox para condenar la gestión de los consejeros regionalistas de Obras Públicas e impulsar una comisión de investigación parlamentaria, con los votos en contra del resto de grupos, incluido el PP, para quien, como para los demás, las responsabilidades políticas por la trama de corrupción en carreteras «ya están depuradas» y las penales están en los tribunales.

Un rechazo «decepcionante» para Vox, que ha acusado al resto de partidos de «hacer causa común para echar tierra encima de la corrupción».

Según el diputado popular Juan José Alonso, una comisión de investigación parlamentaria no aportaría «absolutamente nada» porque «las responsabilidades políticas están depuradas» con los resultados electorales que dieron la victoria al PP en mayo y que Vox «intenta empañar».

Las penales corresponden a la justicia, ha dicho, recordando que su partido en el Gobierno ya ha puesto en marcha una auditoría sobre los últimos 20 años en Obras Públicas, cuyos resultados trasladará a la justicia y los ciudadanos.

Por su parte, los socialistas han acusado a Vox de «menoscabar las instituciones» con esta proposición porque «no se pueden hacer juicios paralelos» a los de los tribunales.

«Están intentando trasladar a los ciudadanos la sombra de la duda sobre las instituciones y eso crea desafectación hacia ellas», ha denunciado la diputada Ana Belén Álvarez, para quien las responsabilidades políticas ya se asumieron «desde el minuto uno» por parte del anterior Gobierno PRC-PSOE con la dimisión del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y el director general, Manuel del Jesus. Además, para la parlamentaria, depurar responsabilidades políticas es «menoscabar la presunción de inocencia».

Mientras, el portavoz del PRC –partido que gestionaba Obras Públicas cuando salió a la luz la trama de las carreteras–, Pedro Hernando, ha coincidido en el «flaco favor» a las instituciones que hace la iniciativa de Vox, y ha recordado que las responsabilidades políticas se asumieron «sin tener obligación» con las citadas dimisiones.

Igualmente ha expresado su «máxima confianza» en la Fiscalía y la investigación policial y su «ninguna confianza en la demagogia de Vox».

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha calificado de «decepcionante» la respuesta a su iniciativa, con el resto de partidos unidos en un pacto «para echar tierra por encima de una comisión de investigación que por justicia con los ciudadanos se debería haber acordado hoy».

Según Díaz, el cambio que pedían los cántabros en las urnas era «no echar tierra por encima de la corrupción». «¿De verdad el pacto de la vergüenza llega a tal intensidad que no van a dar la cara ante los ciudadanos como prometieron?», ha preguntado al PP la diputada, para quien, al negar la comisión, se impide a los cántabros «saber en qué manos están dejando el futuro de Cantabria».

BURUAGA: «NO VAMOS A CONVERTIR CANTABRIA EN LA FISCALÍA»

Por otra parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que «no vamos a convertir esta autonomía en la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma».

Durante su respuesta a una pregunta de Vox sobre el polígono de La Pasiega, Buruaga ha subrayado que las responsabilidades penales las depuran los tribunales y en el proceso penal abierto por presunta corrupción de un funcionario en Obras Públicas está personado el Gobierno de Cantabria. «Estamos colaborando, como lo hizo el Gobierno anterior».

Y sobre las responsabilidades políticas, ha subrayado que «están depuradas en términos de dimisiones, ajenas a la responsabilidad penal», y de elecciones, «porque las han depurado los ciudadanos con sus votos».

233 EXPEDIENTES RESUELTOS EN LA CROTU

También ha intervenido en este primer pleno de la legislatura el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, para defender los cambios realizados por el Gobierno del PP en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que ha asegurado que han servido para resolver «233 expedientes» en solo unos días.

Y es que la socialista Eugenia Gómez de Diego ha cuestionado al consejero acerca de los motivos por los que se ha modificado el decreto que regula la composición y el funcionamiento de la CROTU, ya que aunque los populares han defendido que la intención es agilizar los procedimientos, a su juicio la pretensión es «quitar transparencia», que haya «menos participación» y control de los expedientes y «allanar el camino» a la reforma de la ley del suelo que impulsó el anterior Gobierno de PRC-PSOE.

«Menos profesionales, menos participación y vía libre para que la liberalización de suelo rustico llegue lo antes posible», ha denunciado Gómez de Diego. Y aunque ha acusado al PP de «excluir» a algunos colectivos profesionales de este organismo, el consejero ha asegurado que hay «un colegio profesional más» que en la legislatura anterior –el de ingenieros técnicos agrónomos–, además de que «no se cambia ni un solo artículo» en cuanto a las funciones de la CROTU.

«Están representados los mismos que estaban», ha insistido Media, que ha trasladado a la socialista que el PP va seguir «caminando en esta dirección, con este cambio y otros muchos más» para «agilizar» los procedimientos en la Amdinistración.