El Parlamento pide que el suelo de Sniace siga siendo productivo y PRC-PSOE garantizan que es su intención

Los socios de Gobierno diferencian su voto en una PNL del PP que pide al Ministerio renovar las concesiones administrativas de la Ley de Costas

El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes con el voto a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, una moción que insta al Gobierno regional a definir un plan industrial para garantizar que los terrenos de Sniace sigan siendo suelo productivo tras el cierre de la fábrica.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, también pide al Ejecutivo realizar todas las actuaciones necesarias para atraer inversión nueva, favorecer la implicación y cooperación del Gobierno central si fuera necesaria e impulsar proyectos estratégicos con cargo a los fondos europeos.

Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han votado a favor asegurando que es su voluntad que como hasta ahora la mayor parte siga siendo suelo industrial y que ya tienen un plan para esos terrenos, pero que para actuar deben respetar los tiempos marcados en el proceso de liquidación a cargo de los administradores concursales.

Además, han pedido al PP que «no confunda» a los ciudadanos con este tipo de iniciativas, ya que es «evidente su compromiso de que los terrenos van a seguir siendo zona de desarrollo industrial». De hecho, han explicado que la distribución actual del suelo, con un 80% industrial y un 20% comercial, es previa a la coalición PRC-PSOE que gobierna tanto en Torrelavega como en Cantabria.

El diputado regionalista y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno «tienen planes para Sniace» y han «acompañado y asesorado» a los administradores, al tiempo que llamado a posibles inversores con los que finalmente «no ha habido suerte».

Ahora, según ha dicho, para continuar actuando habrá que esperar hasta el 20 de julio, plazo hasta el que permanece abierta la venta por lotes de la fábrica.

El portavoz socialista, Javier García-Oliva, ha añadido que el compromiso «claro» del Ejecutivo por tomar parte en el proceso y velar porque el terreno siga siendo industrial se ha demostrado con la compra de tres parcelas a través de la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (Sican), por lo que no entiende que el PP ponga en duda su postura e insinúe que se va a instalar una gran superficie comercial, lo que cree que responde a «propaganda electoral».

Además, ante las críticas del PP al Gobierno de «no haber hecho nada» para evitar el cierre de Sniace, ha respondido que el fin de la factoría «solo puede achacarse a las decisiones que ha tomado el Consejo de Administración». «En 2010 Sniace contaminaba solo en un tramo de la ría lo mismo que toda Cantabria», ha destacado.

Por ello, tras ensalzar los populares que gracias a sus gestiones lograron que reabriera la planta en los años 90 y en 2014, el socialista ha señalado que lo único que hicieron fue «prolongar esa situación que era insostenible» y además con una «engañifa», pues rebajaron los niveles permitidos de emisiones a la atmósfera. «Se lo agradecerán los ciudadanos que tenían que respirar eso, pero eso no es garantizar el futuro de ninguna empresa», ha sentenciado García-Oliva.

Algo a lo que el diputado Iñigo Fernández, que ha defendido la moción, ha respondido que «está muy bien ser ecologista, pero la gente tendrá que comer de algo». El popular ha llevado esta iniciativa al Pleno con el fin de «blindar» que los terrenos sigan siendo industriales para evitar que acaben vendiéndose a un supermercado y «cuatro comercios que den la puntilla definitiva» a los negocios del centro de la ciudad.

Por ello ha pedido al Gobierno elaborar un plan tras criticar que «no hizo lo suficiente para evitar el cierre» ni para mantener la unidad productiva, dando lugar a la venta de Sniace por lotes «como un barco en el desguace».

En la misma línea, los portavoces de Ciudadanos y Vox, Diego Marañón y Cristóbal Palacio, respectivamente, han destacado que esos suelos son «tremendamente importantes» para la Comarca del Besaya y para toda Cantabria por su ubicación y han lamentado que ya se están tomando decisiones sobre ellos «sin tener un plan».

LEY DE COSTAS

Por otro lado, también ha salido adelante otra iniciativa de los populares que en este caso ha dividido a los socios de Gobierno, ya que el PRC la ha apoyado y el PSOE ha votado en contra. Se trata de una proposición no de ley (PNL) con la que el Parlamento pide al Ejecutivo regional instar al de España a renovar las concesiones administrativas de la Ley de Costas según la interpretación del Tribunal Supremo, es decir, no solo las restringidas a actividades «necesariamente específicas» de esos espacios.

La PNL incluye, además, habilitar una oficina de atención y apoyo a los afectados por la Ley de Costas que les oriente y preste asesoramiento jurídico para tramitar las prórrogas de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre, paralizadas hasta ahora por la Demarcación de Costas en Cantabria, o, en su caso, plantear el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia.

Y es que, como ha defendido Iñigo Fernández, quienes deseen tramitar la prórroga de sus concesiones en vigor se verán abocados a recurrir a la vía judicial.

PRC, PP y Cs ya defendieron en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo una modificación de la Ley de Costas para dar solución a los afectados por las concesiones en dominio público marítimo-terrestre que no podían renovarlas, pero PSOE, Unidas Podemos, BNG y PNV tumbaron su iniciativa.

El popular ha recordado que en Cantabria la mayoría de estas concesiones se ubican en estuarios y están en manos de ganaderos, pequeños empresarios, talleres, naves e industrias conserveras de Santoña. En definitiva, pequeños negocios vinculados a la actividad agropecuaria en los que, en algunos casos, llevan trabajando tres generaciones.

La Ley de Costas de 1988 establecía una caducidad de 30 años en las concesiones administrativas, y en 2013 el Gobierno del PP concedió nuevas prórrogas, pero con la llegada del actual Gobierno y de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica desde 2018 se ha hecho una interpretación de la Ley diferente que lleva a «paralizar la renovación de los expedientes».

En concreto, se refiere al artículo 32 de la Ley de Costas que establecía que ninguna actividad puede concederse en el litoral salvo aquellas que sean «necesariamente específicas» de esos espacios, como por ejemplo un astillero. Fernández ha explicado que se entendía que el citado artículo se refiere a nuevas concesiones y no a prórrogas de las existentes, pero Ribera «interpreta que afecta a las nuevas y a las prórrogas».

Para evitar ese prejuicio, el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición de ley el 20 de diciembre de 2021 promoviendo una aclaración del artículo «para interpretarlo como siempre se había interpretado» y ese mismo día, el Tribunal Supremo dictó una resolución sentando jurisprudencia en la que exige que se interprete del artículo 32 «tal y como había venido interpretándose siempre y no como ahora quiere hacer Ribera», sin necesidad de que se aprobara esa aclaración, ha referido.

«Los tribunales dicen cómo hay que interpretarlo pero Ribera parece que no ha tomado nota», ha lamentado el diputado popular.

El único grupo que no ha apoyado esta PNL ha sido el PSOE, cuyo portavoz ha defendido que «hay menos de 20 afectados» en estos momentos, además de que se está «negociando caso por caso». Asimismo, García-Oliva ha incidido en que «una sola sentencia no es jurisprudencia», y ha lamentado que el PP «no da ni un solo argumento. Es pura demagogia» y «utiliza la falsedad».

«Son incapaces de entender la compatibilidad de la conservación del medio ambiente con el desarrollo empresarial», ha lamentado.