El Parlamento pide de forma unánime mejorar el autobús en Castro Urdiales, que «no responde a las necesidades»
Se ha aprobado instar al Gobierno a realizar un estudio de necesidades en tres meses y actuar en consecuencia
Todos los grupos parlamentarios han apoyado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox para mejorar las actuales conexiones de transporte público por carretera entre Castro Urdiales, Laredo y Santander, ya que a día de hoy se presta un servicio que «no es eficiente ni útil» porque «no responde a la necesidades» de los castreños.
Y es que el autobús no está coordinado con otros medios de transporte ni conectado con infraestructuras como el aeropuerto o la universidad, además de que para llegar a algunos puntos «no resulta atractivo» por la escasez de frecuencias, el horario, el precio o la duración del viaje. Por ejemplo, algunos trayectos hasta Santander tardan dos horas ya que hacen 13 paradas.
Mientras, las conexiones con Bilbao son más frecuentes y más baratas, lo que atrae a los trabajadores y universitarios, han defendido los grupos.
Por ello, la iniciativa aprobada de forma unánime insta al Gobierno regional a realizar en el plazo de tres meses un estudio para mejorar esta conexión Castro-Laredo-Santander y, a continuación, en el plazo de seis meses actuar en base a las conclusiones, teniendo en cuenta que los horarios y las conexiones se tienen que adecuar a las necesidades de los usuarios, que las líneas de autobús deben ser de uso específico dentro de la región y que los trayectos deben ser lo más directos posibles.
En 2020 ya se llevó a cabo un estudio encargado a la Universidad de Cantabria (UC) para detectar las necesidades de las conexiones en autobús en la comunidad, pero los datos «no eran representativos» debido a la reducción de la movilidad por la pandemia. Fue como «probar un paraguas cuando no llueve», ha señalado el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que ha defendido la PNL.
Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, habían presentado una enmienda de modificación a la iniciativa para ampliar el plazo del estudio a seis meses en lugar de tres, pero Vox no la ha aceptado. De hecho, a la oposición (PP, Cs y Vox) le ha parecido que la intención era acercar la fecha final a las elecciones de 2023 para anunciar medidas que «no se van a hacer».
De todas formas, regionalistas y socialistas han aprobado la PNL porque reconocen que «la problemática está ahí», como ha señalado la diputada Emilia Aguirre (PRC), que es castreña y asegura haberla vivido en primera persona.
Pero ha defendido la necesidad de tener esos seis meses en lugar de los tres que finalmente se han aprobado para el estudio para «recoger los datos de la mejor forma posible», ya que no se trata de aumentar las frecuencias «sin más», sino de coordinarlas con servicios como el tren, los hospitales de Valdecilla y Laredo, el aeropuerto o la universidad. «No existe un problema de demanda, porque el uso es bajísimo, existe un problema de que sean eficaces», ha defendido.
Por su parte, el socialista Javier García-Oliva ha reconocido que «no se cubren las necesidades de buena parte de la población» y ha considerado que mejorar este servicio es una «buena oportunidad» para avanzar en otras actuaciones necesarias como la implantación de un Consorcio de Transportes que coordine todos los medios de transporte desde una perspectiva global, así como una tarjeta que sirva para todos ellos, como la que existe ya en muchas ciudades.
Al hilo, desde la oposición han manifestado que los partidos del Gobierno «comparten sus pretensiones», pero si no están en marcha es «porque no hacen nada».
«Claro que necesitamos la tarjeta única, un consorcio, pero no lo hacen», ha sentenciado Cristóbal Palacio (Vox), que ha lamentado que la subvención del Gobierno a la compañía de autobuses Transportes Terrestres Cántabros «se ha multiplicado por tres», superando los 4 millones de euros, y eso no ha repercutido en la mejora del servicio a los usuarios.
El popular Álvaro Aguirre, que también es de Castro Urdiales, ha lamentado que «no se viene a Santander y no se va a Laredo si no es por obligación con estas facilidades que se nos ofrecen». «Como castreño duele ver cómo las instituciones cántabras no nos tratan como lo que somos», ha lamentado, remarcando que es el tercer municipio cántabro con mayor población censada y probablemente el segundo en población real.
Y desde Cs, Diego Marañón ha añadido que desde el Gobierno «se habla mucho, pero se hace muy poco» en materia de transporte público, porque aunque el debate se centre en el servicio en Castro Urdiales, llegar a Santander desde la zona oriental y desde los pueblos del interior «tampoco es ninguna maravilla», a la que se suma el «desastre» de la red de Cercanías.
AGRESIONES A SANITARIOS
No ha corrido la misma suerte otra PNL presentada por su partido, en este caso para pedir medidas de protección para los sanitarios frente al aumento de las agresiones, que no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta en la Cámara. De nuevo habían presentado una enmienda conjunta de modificación, pero Cs también la ha rechazado y en este caso ha llevado a regionalistas y socialistas a votar en contra.
La iniciativa, que sí ha contado con el apoyo de toda la oposición, pedía medidas como aplicar sanciones a los agresores; auditar el funcionamiento del botón del pánico de los centros de salud y formar al personal sanitario para poder enfrentarse a estas situaciones; agilizar los protocolos de la Gerencia de Atención Primaria para proteger al personal; vehiculizar las llamadas de auxilio a través del 061 y no del 112, dándolas «prioridad absoluta»; realizar un estudio que localice las agresiones ocurridas en las distintas localidades para fortalecer la seguridad de esos centros y colaborar con los colegios oficiales de los profesionales sanitarios y con los sindicatoss, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para establecer protocolos de protección.
PRC y PSOE han asegurado que varias de las peticiones ya están en funcionamiento, por lo que su enmienda añadía más propuestas que, según han indicado, van en línea con lo que demanda el Colegio de Médicos, como fomentar la concienciación de los ciudadanos en esta materia e intensificar la formación del personal sanitario para que puedan detectar y actuar con rapidez ante situaciones de riesgo. «Promueven, mejoran e intensifican, es decir, nada de nada», ha resumido el diputado de Cs Félix Álvarez para justificar su rechazo a la enmienda.
Según ha precisado, en 2021 se produjo en Cantabria un aumento del 30% en las agresiones a sanitarios. En números, se registraron 53 agresiones a médicos de familia y pediatras, mientras que el personal de enfermería denunció 27 ataques y 33 el personal administrativo auxiliar.